La cuestión de confianza nace en los sistemas de gobierno parlamentarista, pero fue introducida a nuestra Constitución como un mecanismo constitucional presidencialista, a fin de equilibrar el peso y contrapeso de poderes ante la figura de la censura ministerial por parte del Parlamento. No obstante, su aplicación ha generado una mayor crisis política de la que se quiere resolver.
Nuestra Constitución establece dos tipos de cuestiones de confianza: la obligatoria, cuando se forma un nuevo gabinete y pide el voto de confianza; y la facultativa, cuando la plantea el presidente del Consejo de Ministros o un ministro de Estado luego de haber sido interpelado por el Parlamento. Si se deniega la confianza, el ministro debe renunciar a su cartera; sin embargo, el premier puede plantear la cuestión de confianza por todo el gabinete en cualquier momento y, al ser esta rehusada, se genera una crisis total del gabinete, pues ante una segunda denegatoria, el presidente queda habilitado para disolver el Congreso.
La aplicación de la cuestión de confianza obligatoria es prácticamente un acto ceremonial y protocolar, pero no siempre. Hay casos como el “gabinete Cateriano” en el cual la confianza se le fue denegada de plano. Sin embargo, el problema principal radica en el uso de la cuestión de confianza facultativa, porque no tiene límites ni está regulada en una norma de desarrollo constitucional. Esto da pie a que el Ejecutivo pueda plantear cuestión de confianza para lo que quiera, incluso cuando se trate de competencias propias del Parlamento como se dio en el caso de la disolución del anterior Congreso.
Lo prudente es que la cuestión de confianza debe plantearse ante la amenaza o el rechazo de llevar adelante la política general del gobierno y las principales medidas que requiere una gestión de interés país.
Pero veamos la actual coyuntura política. El premier ha anunciado que plantearía cuestión de confianza ante la eventual censura del ministro de Trabajo (recientemente interpelado); de hecho, no hay ningún mecanismo legal que se lo impida. La actual autógrafa de ley que interpreta la cuestión de confianza y que ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación, no aborda este punto, y es previsible que será observada por el presidente. Días más, días menos para que el Congreso la apruebe por insistencia, pero no cambia nada.
Por otro lado, tenemos como antecedente el caso del “gabinete Zavala”, donde se presentó cuestión de confianza a nombre de todo el gabinete ante la inminente censura de la exministra de Educación Marilú Martens. El Congreso se la denegó y se produjo la primera crisis total del gabinete en la gestión de PPK, y que —posteriormente— gestó la disolución del Congreso.
Ante esta circunstancia, el Congreso puede denegar la confianza al “gabinete Bellido”, pero quedaría sometido al poder del Ejecutivo por los siguientes cuatro años (no se puede disolver el Congreso en el último año). Perdería el poder de control político, pues ante la censura de otro ministro, el Ejecutivo no dudaría en aplicar la misma fórmula. Recordemos que la cuestión de confianza es abierta, y el Congreso quedaría al borde de su disolución, repitiéndose así la desagradable experiencia que ya hemos vivido.
Una salida a esta crisis podría ser la eliminación de la cuestión de confianza, pero que vaya de la mano con la eliminación de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Considero que ambas figuras son perversas, distraen demasiado y no construyen institucionalidad. El interés del país debe estar por encima de las dificultades políticas, pero pareciera que aquí se trata de demostrar quién es el más fuerte y el más listo. No hay una crisis política que termine con un equilibrio ponderado donde prime el principio de colaboración de poderes, sino ver a ganadores y vencidos, en una burbuja política que muy distante al interés nacional.
Abel Hurtado. Abogado especializado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Becario en Derechos Humanos y Conflictos por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y egresado del Programa de Derechos Humanos y Política de Vassar College, NY. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario del Congreso de la República y docente universitario.