Hace un año el Presidente electo igual que sus antecesores como “el mal menor” en las elecciones del 2021 sucumbió con “su golpe de Estado” y ahora está preso y sujetos a “investigaciones” por actos de corrupción durante su mandato.
La corrupción viene desde hace décadas. Ha salpicado en las “actividades públicas” y las privadas. Increíblemente en nuestro país se está inundada de corruptos y corruptores. ¡Hasta los “santos” tienen antecedentes! Veamos sólo las últimas décadas: agosto de 1968, en el “acta de Talara” con la I.P.C. (devolviéndose al Estado los campos petrolíferos, la refinería de Talara y la red de distribución del combustible, se “perdió la pagina 11 donde constaba las cantidades dinerarias que la I.P.C. debía devolver al Perú). En noviembre (2000), tras conocerse tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, cayó el Presidente nisei; hoy está “indultado”. Explotó (se hizo público no en el Perú sino en EE.UU.) que la brasileña Odebrecht” durante 20 años obtenía beneficios en contrataciones públicas pagando sobornos a Presidentes, ministros y funcionarios; comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo Manrique (2001-2006), Alan García Pérez (2006-2011) (el 17/04/2019 se suicidó para evitar su detención por un fiscal y la policía), Ollanta Humala Tasso (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski y otros (Nadine Heredia, Susana Villarán, Luis Castañeda Lossio, Keiko Fujimori, exministros y funcionarios). Igualmente están investigados por corrupción: Martín Vizcarra Cornejo y Pedro Castillo Terrones. Quedan detenidos Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Algunos gozan de “libertad provisional” durante las investigaciones fiscales y/o acciones penales. Las empresas corruptoras y sus “funcionarios” están comprendidos en procesos investigatorios y aun penales.
La corrupción es “investigada” en el Ministerio Público y hay algunos en procesos penales, pero se dilatan los procesos. Hay fiscales que – aprovechando la “oportunidad” – se publicitaban hasta que les llegó la hora debido a su inconducta profesional y jurisprudencial como fiscales por los escándalos y las consecuencias negativas de sus “secretos acuerdos de colaboración eficaz” e investigaciones (causando daños al país).
En el Poder Legislativo “explotaron” casos de corrupción (ejemplo: los “mocha sueldos”, “los Niños”) e igualmente en el Poder estatal que goza de independencia, autonomía y unidad para administrar justicia en nombre de la Nación no se pudo ocultar la corrupción (casos: “cuellos blancos”, César Hinostroza, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios (Antonio Camayo, Mario Mendoza Díaz y Edwin Oviedo). Esos son los conocidos y se supone que hay más. En el Ministerio Público han sido “cesados dos ex Fiscales de la Nación; están sancionados los investigadores de “Odebrecht. Se comentaba que se politizaba la actuación de fiscales y/o jueces en casos de corrupción y también se indicaba que “algunos altos” magistrados tenían “rabo de paja”. Pero eran solo dichos. La Junta Nacional de Justicia ni el Tribunal Constitucional no han “escapado” que les atribuyan actos negativos. ¿Quién estará a salvo?.
Los medios periodísticos escritos, radiales y televisivos diariamente están informando de recientes hechos “y dichos” y contradichos de “unos” y de “otros” de muy altas autoridades públicas, magistrados (fiscales y jueces), abogados, articulistas y opinologos. Ha llegado, pues, la hora extrema y exploto la corrupción. Muchos habrían comentado que “algunos” magistrados al parecer “negociaban” una mutua protección con políticos.
Como era de esperarse en estos días ha explotado las probables inconductas atribuidas a la actual Fiscal Abogada Patricia Benavides Vargas (no hay certeza que sea magister y/o doctora en Derecho); paralelamente a sus cercanos asesores les atribuyen integrar una organización criminal (han sido detenidos) y la Junta de Fiscales Supremos le pidió públicamente su renuncia. Ésta, con “ansias de salvarse”, presentó una acusación constitucional contra la actual Presidenta del País y su Primer Ministro.
Ahora implícitamente están involucrados miembros de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional.
Como se ha publicado recientemente en Expreso “entre Gallos y medianoche la Junta Nacional de Justicia ha decidido apartarla de la Fiscalía de la Nación por seis meses” y la sancionada ha alegado que “no se respetó el debido proceso” (SIC).
En suma, en el Perú vivimos tiempos negros que vienen desde las más altas esferas gubernamentales. Necesario agregar que carecemos de seguridad pública, deficiencia en servicios públicos y constante carestía de la vida.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).