La predictibilidad y la razonabilidad son dos principios importantes para el sistema de justicia y la administración pública en el Perú. Según la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), la predictibilidad implica que la autoridad administrativa debe brindar a los administrados o sus representantes una respuesta coherente y previsible, basada en el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica. La razonabilidad, por su parte, se refiere a que los actos de la administración deben ser proporcionales, adecuados y justificados, de acuerdo con el principio de juridicidad.
Estos principios se han desarrollado a través de diversas normas, jurisprudencia y doctrina, tanto a nivel nacional como constitucional. Sin embargo, también se han identificado algunos problemas y desafíos para su aplicación efectiva, como la falta de uniformidad, la discrecionalidad judicial, la corrupción, la demora y la carga procesal. Por ello, se han propuesto algunas medidas para fortalecer la predictibilidad y la razonabilidad de las decisiones judiciales y administrativas, como la generación de precedentes vinculantes, los plenos jurisdiccionales, la motivación en serie y la reforma del sistema de justicia.
Las reformas judiciales que se han propuesto para mejorar la predictibilidad del sistema de justicia en el Perú son las siguientes:
- Generar precedentes vinculantes que orienten la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces y tribunales.
- Realizar plenos jurisdiccionales que permitan unificar criterios y resolver conflictos de competencia entre las diversas instancias judiciales.
- Motivar en serie las resoluciones judiciales que se basen en precedentes o jurisprudencia consolidada, evitando la repetición innecesaria de argumentos.
- Reformar el sistema de justicia para garantizar su independencia, imparcialidad, eficiencia y transparencia, mediante la selección y evaluación de los magistrados, la modernización de la gestión y la digitalización de los procesos.
- Estas reformas buscan fortalecer el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Estas reformas buscan fortalecer el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. No obstante, estas reformas que fueron planteadas desde el 2021 al 2025 no muestra avances significativos, y debería realizarse una reforma total del sistema judicial que garantice la predictibilidad y la razonabilidad en los procesos de los administrados.
Un país con justicia, seguridad y democracia asegura el crecimiento y garantiza la inversión en todos sus niveles. El camino está libre para actuar con prudencia y con excelentes decisiones
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000. Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque