Hace tiempo (años), variados sectores sociales, políticos y opinologos públicamente se han referido a la ineficacia de investigaciones fiscales y de los procesos judiciales penales y comentaban que magistrados fiscales y jueces los politizaban y adicionalmente los dilataban; consideraban que había manipulación con la intervención (negociado) con “terceros” y hasta con entidades corruptoras. En casos de corrupción admitidos evitaban investigar a otros implicados. Obviamente la opinión pública consideraba que existía intriga política y judicial de autoridades (cesantes y vigentes) envueltos en maniobras, pues hasta se manipulaban las investigaciones. Se preguntaban: ¿si existía una red de corrupción en altos cargos púbicos y de administradores de justicia? Algunos magistrados fiscales y/o jueces evidenciaban su ansiedad de publicarse en medios periodísticos (escritos, radiales y televisivos).
Con las recientes “revelaciones” hechas por Jaime Villanueva ha saltado a la luz pública que “el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht por el fiscal José Domingo Pérez, es cuestionado por limitarse a reconocer casos de corrupción previamente admitidos, evitando investigar a otros cómplices” (SIC). También se ha evidenciado la participación de la O.N.G dirigida por Gustavo Gorriti “acusado de dirigir el caso contra Keiko Fujimori, y ese periodista está enfrentando denuncias por supuesta manipulación de fiscales y casos políticos” (SIC). Ello hasta ha puesto en apuros al Fiscal Supremo Pablo Sánchez, otros magistrados del Ministerio Público y hasta la Presidenta Boluarte. También consideran que jueces están involucrados.
Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, que se jactaban en medios periodísticos – especialmente televisivos – de acusar a Keiko Fujimori, Alán García Pérez y a otros políticos y también a determinados partidos políticos, con las declaraciones públicas de Jaime Villanueva (que confirma lo que todo el mundo ya sabía) se han venido por tierra. Vela ya está suspendido y Pérez es objetó de investigación. Al igual que ellos se presume que otros miembros del Ministerio Público no han actuado idóneamente, sino que han viciado sus “investigaciones”. También un gran sector público considera que igual sucede en el Poder Judicial respecto a los grupos (organizaciones) corruptas de gobiernos nacionales.
Muchos periodistas, abogados, opinologos políticos han guardado “silencio” – y aun lo hacen – por temor a represalias contra ellos que pudieran adoptar algunos magistrados. Pero eso paulatinamente se está superando por los escándalos que han saltado a luz.
Es un deber ciudadano luchar permanentemente contra la corrupción en la administración de justicia.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).