La confrontación es el enfrentamiento de personas, grupos y/u organizaciones generado por las propuestas o actos de unos y de otros debido a las posiciones, proposiciones, hechos o acciones que proponen o realizan. Comienzan con discusiones sobre propuestas para adoptar decisiones o establecer o imponerlas y pueden llegar a conflictos. En política generalmente transcienden a los medios periodísticos los que pueden adoptar posiciones respecto a los motivos que originaron el confrontamiento. También en la sociedad pueden adoptar posiciones de apoyo y/ o rechazo de lo que se ha propuesto.
En el Perú, desde hace lustros se producen confrontaciones políticas no solamente entre organizaciones o partidos políticos sino entre quienes han sido electos para los Poderes Ejecutivo y Legislativo – y aun en gobiernos regionales y municipalidades – que constantemente se dedican no solamente a criticarse mutuamente sino “rechazar” actos y/o decisiones de uno frente y el otro. La consecuencia de ello es la inestabilidad política nacional que repercute negativamente en lo social y económico. Ante el actuar del Ejecutivo en el Congreso constantemente no solamente critican al Presidente o sus Ministros, sino que llegan a las censuras de éstos y no sólo sugieren la vacancia del Presidente de la República. Por ejemplo, vacaron a Martín Alberto Vizcarra Cornejo y tuvieron que convocar a elecciones generales. Se vaco a José Pedro Castillo Terrones y ahora sugieren la vacancia presidencial de Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Siempre en el Congreso han esgrimido hechos concretos para adoptar decisiones.
En el Congreso de la República el 2021 se eligió 130 congresistas repartidos en 9 bancadas y a agosto del 2023 ya había 12 porque es innegable las confrontaciones políticas o ideológicas que hay entre integrantes de los partidos y “grupos” que actúan en el Parlamento.
Una de las causas que nos afecta, es la corrupción evidenciadas en el Ejecutivo y Legislativo. Muchos expresidentes, exministros y exfuncionarios son investigados en el Ministerio Púbico y algunos ya están procesados penalmente en el Poder Judicial. También han investigaciones a actuales congresistas no solamente en la Comisión de Ética del Congreso sino en el Ministerio Público. Y para “sorpresa” no obstante de la exclusividad e independencia que tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público, también se han hecho públicos actos de ilegalidad y hasta corrupción de magistrados. Los magistrados incumplen con los plazos procesales.
Las consecuencias de esas confrontaciones y actos no legales las padecen la sociedad y la economía no solamente del País sino de las personas y familias. ¿Por qué?, Ante tanta confrontación que produce la inestabilidad, no hay un evidente desarrollo económico. Hay miles de trabajadores que han quedado sin empleo produciendo la informalidad y agravando la pobreza. Es producto de la huida de empresarios del país y el temor de los inversionistas extranjeros de llegar aquí e invertir capitales para la explotación de las riquezas mineras, pesqueras, agroindustriales, textiles, turísticas, etc. Hay falta de confianza de los empresarios inversionistas por la inestabilidad y las confrontaciones políticas. No se garantiza ni ofrece seguridad ni confianza a los empresarios. Si hubiera inversiones se abrirían nuevos centros de trabajo que den empleo a miles de peruanos con remuneraciones racionales para atender sus necesidades familiares. Consecuentemente se generarían nuevas actividades industriales y comerciales y crecerá la compra y venta de productos no solamente de primera necesidad; habría significativo movimiento económico.
La economía Nacional se fortalecerá y estaríamos lejos de la devaluación de nuestra moneda y de inflación y recesión.
El Legislativo y el Ejecutivo, cada uno dentro de sus funciones, deben mejorar sus relaciones y combatir y resolver con unidad los citados problemas nacionales. En lo que respecta al Ministerio Público y el Poder Judicial, establecer normas legales para que los magistrados fiscales y/o jueces de todos los niveles, cumplan sus obligaciones investigadoras y judiciales, respectivamente, dentro de los plazos procesales señalados en los códigos y normas procesales vigentes.
Es hora de terminar no solamente con las confrontaciones políticas, sino que nuestros políticos electos para el Ejecutivo y Legislativo comiencen a resolver urgentemente los problemas nacionales. Estos son mejorar objetivamente los servicios nacionales de salud, educación, transporte, el desempleo, remuneraciones bajas, la inseguridad ciudadana, la corrupción, exceso de burocracia, etc.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).