En medio de un enrarecido clima político y de absoluta inseguridad ciudadana, consecuencia de la inacción de un gobierno acorralado por sus propios errores y por una sostenida campaña -justificada o no- en su contra, viene pasando inadvertida la Ley 31684 de enero de 2023 que modifica dos artículos y una disposición complementaria de la Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME S.A.C., donde se le da facultades a esta entidad del Estado para actuar con total libertad y autonomía en la muy importante tarea de abastecer de armamento y municiones a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú u otros organismos del Estado, de acuerdo a los objetivos aprobados por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Lo cuestionable de esta modificación es que permite que cualquier dependencia pública de defensa nacional u orden interno que necesite comprar armamento pueda obviar el conducto regular de adquisiciones a cargo de la Agencia de Compras de las FFAA y realice dichas compras a través de FAME directamente, “por encargo” (a dedo) … como expresamente señala la segunda disposición modificada.
Esta situación no solamente colisiona con la transparencia que se debe respetar en cualquier compra que lleva a cabo el Estado, sino posibilita que una empresa pública adquiera equipos de cuestionable calidad y a precios mayores por la falta de debida competencia, esa que se incentiva con el libre mercado.
El actual congresista, ex ministro del Interior y experto en seguridad ciudadana Fernando Rospigliosi viene advirtiendo con ejemplos puntuales en diversas entrevistas y artículos esta anómala y preocupante situación. tal como la adquisición realizada de 10,000 fusiles calibre 7.62×51 mm a la empresa IWI de Israel o el Contrato Privado Internacional que se pretende suscribir con la Empresa STX Corporation – Hyundai de Corea para el suministro de vehículos 8×8 y otros.
¿Puede el Estado, bajo un etéreo e innecesario concepto de fomentar que FAME desarrolle la industria militar en el país (la peregrina idea de la norma en cuestión), poner en peligro a nuestros militares y policías proporcionándoles materiales obsoletos y de cuestionable calidad, máxime si ello conlleva una grave exposición al peligro para quienes deben enfrentarse diariamente al terrorismo y al crimen organizado, que no escatiman en dotar a los criminales de armamentos apropiados para cometer sus delitos?
Un Estado que pone en peligro la lucha contra la inseguridad ciudadana por consideraciones absolutamente banales y equivocadas, resulta el colmo de la ineficiencia e irresponsabilidad en la vital y trascendental lucha contra la inseguridad ciudadana, el mayor de los flagelos que enfrenta nuestra sociedad, sin duda alguna.
Urge, por tanto, que el Congreso de la Republica derogue esta ley y se retorne a la situación anterior, donde la oficina de compras de las FFAA lleve a cabo las adquisiciones de armamento y pertrechos militares y policiales por el conducto regular y con la transparencia debida, el país no está para este tipo de experimentos, menos en temas tan delicados como el comentado.
Ricardo León Dueñas
Abogado por la Universidad San Martin de Porres con estudios culminados de Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, post grado en la Universidad de Piura y diplomado en arbitraje por el Centro de Arbitraje de la PUCP. Ha sido gerente de administración y finanzas de Prom Peru, asesor legal de la SBS, gerente legal de la ONP y consejero en el Estudio Muñiz, gerente general y representante legal de AON Benfield Peru, asesor legal y director de C&J Constructores. Miembro de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones en Guatemala 2007 y candidato a la alcaldía de San Isidro en el 2014. Actualmente se desempeña como abogado, consultor independiente y columnista en diversos medios de prensa.