Uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia ha sido la pérdida de más de dos centenares de miles de peruanos durante el período de la Covid-19 a consecuencia del abandono de la infraestructura de salud por décadas, agravada superlativamente por el manejo irresponsable de la estrategia sanitaria para combatir la pandemia, el culpable mayor tiene nombre, Martín Vizcarra Cornejo; por ello, indigna que el Fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, haya borrado de un plumazo en 28 páginas la posibilidad de investigar a fondo las motivaciones con consecuencias penales que el ex presidente y su corte de ministros tuvieron para adoptar las nefastas decisiones que nos condujeron al descalabro sanitario y económico.
Con el archivamiento definitivo de la investigación preliminar al ex presidente, el señor Villena ha eliminado toda posibilidad de actuar indagaciones profundas de hechos concretos que el fiscal no puede ocultar. Es un hecho objetivo que, contraviniendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Martín Vizcarra privilegió el uso de pruebas serológicas para la detección temprana del virus con el conocimiento que las también conocidas pruebas rápidas daban falsos negativos, no eran eficaces para combatirlo, ignorando así la opinión científica. Es un hecho objetivo que el Sr. Vizcarra propició un paquete de medidas amparado en decretos de urgencia para convalidar la compra de más 1’400 mil pruebas rápidas tras una reunión dudosa con empresas chinas encabezada por él, sus ministros de Economía y Salud, convertidas días después en proveedoras. Es un hecho objetivo que, tras optar por la compra millonaria de pruebas serológicas y no de pruebas moleculares, el gobierno cambió la estrategia sanitaria con la oposición de la ministra de Salud de entonces, quién posteriormente fue expectorada por mostrar su desacuerdo con la medida anti técnica. Es un hecho objetivo que el señor Zamora, flamante sucesor de la Dra. Hinostroza, avaló la estrategia sanitaria basada en el uso de pruebas anti técnicas para la detección del virus. Es un hecho objetivo que es delito de colusión que una autoridad acuerde compras con proveedores. Es un hecho objetivo que el señor Vizcarra intervino directamente en la adquisición irregular, no sólo de pruebas rápidas sino también contuvo la compra de vacunas Pfizer para privilegiar una futura adquisición masiva de vacunas Sinopharm, quién sabe con qué motivaciones subalternas. Es un hecho objetivo que el ex presidente y su estrategia sanitaria no sólo se coludió con terceros para la compra de productos anti técnicos dejando expuesta a la población y apuntó a la llamada “inmunización de rebaño” con el elevado costo de vidas humanas que ello significó. Es un hecho objetivo que el Fiscal Villena no puede limpiar de responsabilidad a don Martín amparándose en que fue el Instituto Nacional de Salud el que autorizó la compra millonaria, porque el INS no hubiese aprobado esa norma sin el aval del poder político, los peruanos podemos dar fé del manejo vertical de la pandemia que el ex mandatario exhibió cada mediodía en sus alocuciones al estilo Aló Vizcarra. Es un hecho objetivo que mientras compraba millonariamente pruebas inservibles para el fin, no concretó compra alguna de vacunas y destrozó la economía. Es un hecho objetivo que Perú a nivel mundial fue el país con peor manejo de la pandemia por alcanzar la tasa de mortalidad más alta por cien mil habitantes. Es un hecho objetivo que el primer ciudadano del Perú se puso a buen recaudo, vacunándose él, su familia, algunos de sus ministros, viceministros y otros más con la complicidad del grupo de ensayo nada menos que de la “prestigiosa” Universidad Cayetano Heredia.
Todos esos hechos concretos, absolutamente contrastables con la realidad, debieron ser suficientes para que el Sr. Villena avance a una fase preparatoria, incorporando otras investigaciones actuadas como las de la Comisión de Fiscalización del Congreso y de la Contraloría General de la República que sí hallaron fundados y graves elementos para ampliar la investigación no sólo por colusión sino también por tráfico de influencias, negligencia y omisión.
La decisión de Villena es un blindaje escandaloso que ha vuelto a enterrar a los miles de peruanos que fallecieron a consecuencia de un manejo irresponsable y doloso, para ellos y los que logramos sobrevivirlos no habrá justicia, sólo impunidad. Al rostro de la indiferencia y el abandono encarnado en la arequipeña Celia Capira se impuso el sospechoso criterio de un fiscal que prefirió hacer el papel de ángel guardián de un ex gobernante poderoso, corrupto, indolente y miserable.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.