Mucho se ha dicho y se va a seguir diciendo en los siguientes días sobre el reciente proceso electoral realizado en el hermano país de Venezuela; pero para quienes hemos tenido experiencia en la organización y desarrollo de estos procesos, el fraude cometido por Nicolás Maduro y su gavilla enquistada en el Consejo Nacional Electoral (antes lo hizo Tibisay Lucena) es, sin duda alguna, la madre de todos los fraudes y un caso que será objeto de estudio sobre el nivel de corrupción y manipulación al que se puede llevar a un sistema electoral.
Y es que, parafraseando al gran Gonzáles Prada, en donde se ponga el dedo salta la pus en esas elecciones, a pesar del compromiso asumido por el gobierno chavista en el Acuerdo de Barbados de llevar a cabo un proceso electoral limpio y transparente. Para comenzar, las elecciones estuvieron a cargo de un Consejo Nacional Electoral presidido por Elvis Amoroso, miembro recalcitrante del Partido Unido Socialista de Venezuela y ex contralor general de ese país quien se encargó de inhabilitar a María Corina Machado durante su gestión. Esta entidad puso además múltiples trabas a toda posibilidad de control del sistema electrónico de votación, especialmente por la comunidad internacional, excluyendo a todo organismo de observación electoral independiente para invitar solo a aquellos afines al régimen de Maduro.
A lo anterior se suman otras “incidencias” que se fueron presentando a lo largo del proceso, como el hostigamiento constante a la campaña de Machado y las continuas amenazas contra su vida, así como al posterior candidato de la oposición, el ex embajador Edmundo Gonzáles Urrutia; el uso vergonzoso de los medios y recursos estatales a favor de Maduro, así como la detención de varios líderes opositores. Sin embargo, a nuestro entender lo más escandaloso fue la exclusión de millones de venezolanos en el extranjero que no pudieron ejercer su legítimo derecho al voto, ante los estrictos “requisitos” impuestos por el CNE, como contar con residencia permanente y tener actualizado su documento de identidad.
En el caso de nuestro país, esta exclusión llevó a que solo 589 personas (esto es, apenas el 0.03%) del millón y medio de venezolanos que viven en el Perú pudieran votar el pasado 28 de julio.
A pesar de todo lo anterior, un factor que aportó enormemente a hacer visible el fraude electoral fue el “ejército” de voluntarios que logró congregar Machado y su equipo para controlar la votación en más del 90% de mesas instaladas, así como la masiva participación de los ciudadanos y ciudadanos en un país donde el voto es voluntario. Gracias a ello, hoy son de dominio público miles de actas que demuestran claramente la amplia votación obtenida por Gonzáles Urrutia y la derrota sufrida por Nicolás Maduro, quien ya no puede ocultar más su faz de dictador ante la comunidad internacional, más aún ante la terrible represión que está ejerciendo contra su pueblo.
Es claro, sin embargo, que el capítulo final de esta historia no ha sido escrito. Luego de la valerosa y muy valiente postura asumida por la Cancillería peruana para denunciar el calamitoso fraude electoral en Venezuela -a diferencia de un Defensor del Pueblo que parece olvidar el rol que esta institución jugó en la recuperación de nuestra democracia- son cada vez más los países que se suman a reconocer a Gonzáles Urrutia como el legítimo Presidente de Venezuela, incluyendo Estados Unidos, países europeos e incluso algunos gobiernos de izquierda, como el de Chile. Del otro lado, es evidente el apoyo que Maduro recibe de países como Rusia y China, a quien ven como un aliado estratégico en América Latina.
Por tanto, en el peor de los casos, el actual escenario puede llevar a un desplazamiento del enfrentamiento político y económico que mantienen estas potencias -que hasta el momento se ha enfocado en el este de Europa- hacia América del Sur, lo que a su vez podría tener consecuencias imprevisibles. Por lo pronto, debe procurarse que el pueblo venezolano no pierda la esperanza de recuperar su libertad y su dignidad, y que veamos pronto la caída de uno más de los tantos opresores que marcaron con sangre la historia de nuestros países. Si ello ocurre, tal vez esta historia nos sirva más bien para aprender a fortalecer nuestra democracia y seguir construyendo nuestra tan ansiada institucionalidad con cada papel que desempeñamos en nuestra vida pública, en vez de destruirla.
Luis Miguel Iglesias.
Abogado,
Ex Vice Contralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control.
Contraloría General de la República.