Una complicidad vergonzosa
En las últimas décadas, la relación entre los gobernantes y la ciudadanía en muchas democracias ha mostrado signos de distanciamiento, especialmente cuando aquellos en el poder enfrentan acusaciones de corrupción. Es evidente que el silencio y la evasión por parte de los líderes no solo profundizan la desconfianza pública, sino que perpetúan los periodos de pésima gestión y la metástasis en el Estado. Esta situación es particularmente relevante en Perú, donde se ha visto una sucesión de presidentes envueltos en escándalos deshonestos o delictivos y un pueblo que, en ocasiones, ha adoptado una postura de resignación ante los abusos del poder.
Con frecuencia se observa cómo los líderes públicos y funcionarios del Estado se distancian de las preocupaciones y necesidades del pueblo, y tienden a priorizar intereses políticos (“waykis en la sombra”, “los niños”) o personales (caso Rolex, “los mochasueldos”). Buscan mantener su poder a través del control de la narrativa pública (“No nos comunicamos con la prensa, pero sí con el pueblo”) o la minimización de las críticas (“poco floro, más acción”), haciendo declaraciones insensibles e inhumanas ante la pérdida y el dolor de los peruanos (“yo no estoy aquí por tus lágrimas”).
El caso de Perú es ilustrativo de cómo la corrupción ha afectado profundamente la estabilidad política. En los últimos ocho años, el país ha tenido seis presidentes, de los cuales dos fueron elegidos por el voto popular y varios fueron obligados a dejar el cargo por estar involucrados en corruptelas. Desde Pedro Pablo Kuczynski, implicado en los pagos de Odebrecht, hasta Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar quebrar el orden constitucional en 2022, la clase política peruana ha estado marcada por la falta de transparencia.
A ello se suman los casos de Martín Vizcarra, quien asumió el poder tras la renuncia de Kuczynski, pero también terminó siendo acusado por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica en agravio del Estado y sus vínculos con Odebrecht. Su sucesor, Manuel Merino, tuvo un paso fugaz por la Presidencia, siendo obligado a renunciar por la presión popular, mientras que Francisco Sagasti solo ocupó el cargo de manera transitoria. Hoy, Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la prisión de Castillo, también enfrenta acusaciones fiscales por el caso ‘Rolexgate’, lo que ha generado un ambiente de inestabilidad y desconfianza.
Uno de los grandes problemas que subyacen a esta situación es la falta de reacción decidida por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos democráticos. “Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”, afirmó Victor Hugo con total certidumbre. Si bien el gobierno puede ser corrupto o ineficaz, la ciudadanía tiene una responsabilidad moral al tolerar o permitir estos actos. En una democracia, el pueblo no solo elige a sus representantes, sino que también es responsable de exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia.
El silencio o la pasividad se ha convertido en una forma de complicidad que prolonga los problemas estructurales que abaten hoy al país, donde coexiste la lucha soterrada entre los poderes del Estado, mientras que la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado y los bosques ardiendo en llamas reinan en el territorio nacional. La situación es alarmante, pero la clase política indolente convive imperturbable con quienes hoy detentan el poder, agazapada esperando su turno en 2026.
Frente a esta crisis crónica, donde el pueblo no exige con firmeza rendición de cuentas, se abre la puerta a movimientos políticos más radicales que buscan capitalizar el descontento, prometiendo rupturas con el sistema vigente. Estos escenarios suelen resultar en soluciones populistas que, lejos de resolver los problemas, agravan la crisis política y social, como está demostrado en Venezuela.
La conciencia histórica y ciudadana implica entender cómo la impunidad y la falta de sanciones perpetúan la descomposición social. Si no se pone un freno a este ciclo de corrupción, las elecciones de 2026 podrían marcar un punto de inflexión en la historia del país, con consecuencias impredecibles. Es hora de que digamos “¡basta ya!” y reconozcamos nuestra responsabilidad de exigir transparencia y rendición de cuentas, pero también de promover, en la empresa, la Academia y la sociedad civil, cambios estructurales y apoyar reformas que prioricen la justicia y la transparencia en los órganos del Estado.
José Valdizán Ayala.
Historiador, investigador y docente universitario. Autor de obras de su especialidad, en particular en historia económica republicana. Fue Subjefe del Archivo General de la Nación, director del Fondo Editorial, la Biblioteca Central y Estudios Generales de la Universidad de Lima. Se ha dedicado a la docencia, la investigación y la edición de publicaciones académicas de importantes universidades del país por más de cuatro décadas. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Escuela Profesional de Historia de la UNMSM y director del Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola.