Estamos viviendo un constante crecimiento de la criminalidad que nos generan temor que nos agredan, asalten, lesionen y hasta nos asesinen. Lo hacen en calles, establecimientos, vehículos y viviendas. Intimidan a vendedores, transportistas, etc. hasta a prostitutas para que periódicamente (días, semanas o cada mes) les entreguen los cupos que “establecen”. Se conocen de secuestros a personas exigiendo dinero a sus familiares para que no les den muerte a sus víctimas. Es mucho peor en las últimas semanas porque los delincuentes organizados en bandas (se estima: internacionales) están realizando extorciones a empresarios para que les entreguen altas sumas de dinero amenazándolos con matarlos a los extorsionados sino a sus familiares y hasta a sus trabajadores. Esto ya lo están haciendo utilizando sicarios que dan muerte en la vía pública a choferes incluso a pasajeros pues les disparan cuando los ómnibus están transportando personas. Ante el temor de los trabajadores de los patronos extorsionados, han realizado un contundente paro general el miércoles 26/09/2024 exigiendo al gobierno que cumpla con efectivizar la seguridad ciudadana. Lo expuesto es en Lima y provincias.
La Seguridad ciudadana es la obligación del Estado de prevenir y garantizar permanentemente la seguridad de la persona, su vida, su integridad, sus bienes, libertad y honra, actuando y previniendo las causas y actos que origina la delincuencia y la inseguridad. La seguridad ciudadana no es “acudir” al agraviado cuando ha sido víctima de delincuentes. El Estado debe actuar a través de sus instituciones y entidades constituidas para garantizar y proteger la seguridad de la sociedad y las personas, sin excepción.
Ante el constante peligro que causan los malhechores, es imprescindible que de inmediato los Poderes del Estado adopten medidas legales:
- Conforme a la realidad, debe actualizarse de inmediato la tipificación de todos los delitos e incrementarse el tiempo de cada condena y establecer plazos para cada acto procesal en las investigaciones y en los procesos penales bajo responsabilidad personal de los magistrados fiscales y jueces de todas las jerarquías.
- Promulgar normas legales que las investigaciones a la delincuencia estén a cargo de la Policía Nacional estableciendo la posibilidad de coordinación con fiscales del Ministerio Público.
- Incrementar urgentemente el presupuesto estatal para que en la Policía Nacional se amplié significativamente la cantidad de expertos en los servicios de investigación, pues es necesario que secretamente se investigue a los delincuentes identificándolos, ubicándolos, descubriendo sus organizaciones, así como “sus planes delictivos” además de combatirlos cuando delinquen, apresarlos. Es decir, volver a las investigaciones completas como era antes. No olvidar que su Ley Orgánica (Artículo 3°) “garantiza, mantiene y restablece el orden interno y presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. …”.
- Capacitar permanentemente al personal del Serenagzo Municipal (Establecido por Ley N°31297 y Reglamentado – Decreto Supremo Nº009-2022-IN-) que es importante en el servicio de seguridad ciudadana prestado por las municipalidades contribuyendo a la convivencia pacífica de la ciudadanía. Cuenta con apoyo y coordinación de la Policía Nacional, la sociedad civil e instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana.
- Mejorar los presupuestos para las Escuelas de la Policía Nacional para incrementar el número oficiales y suboficiales que aumenten el número de policías en calles y lugares públicos.
- Aprobar presupuestos para la edificación de nuevos centros carcelarios, los que deben construirse en las alturas andinas. En todas las cárceles deben construirse establecimientos para la producción (fábricas) que se alquilen a empresas privadas para la elaborar mercaderías. Los trabajadores deben ser solo detenidos y/o sentenciados.
- Establecer que el Estado no sostenga gratuitamente a los delincuentes detenidos y/o sentenciados que estén en las cárceles. Ellos deben trabajar para sostenerse
- Que de inmediato se expida una ley estableciendo que los delincuentes sentenciados, antes de obtener su libertad, devuelvan a sus agraviados los bienes hurtados y/o robados y que paguen las reparaciones civiles. Actualmente los delincuentes sentenciados no devuelven ni pagan nada, con lo que se benefician y perjudican a los agraviados. ¡Los magistrados lo conocen, pero no … !
¡Es tiempo que los tres Poderes del Estado cumplan lo dispuesto en la Constitución!
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).