El Perú es el país del escándalo y las narrativas, vende más que Dina Boluarte supuestamente haya escondido a Cerrón en el “cofre” y que el Congreso poco más que un centro de proxenetismo en el que las jóvenes contratadas si son “agraciadas” son tildadas de prostitutas que brindan servicios sexuales “a cambio de votos”, según el irresponsable adelanto de opinión nada menos que del deslenguado presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, del que no hay que perder de vista un dato fundamental, es un operador político de José Luna Gálvez, dueño de PODEMOS, un partido que hoy congrega a una serie de tránsfugas interesados en ´hacerse” de la mesa directiva y al que le viene de perilla que Burgos sea el bufón que no escatima en hacer el papel de “tonto útil” de las narrativas con intereses subalternos deslizadas por ciertos sectores, entre ellos el partido en el que milita.
Mientras pasamos meses transmitiendo como noticia principal que Dina habría ayudado a fugar a Cerrón porque informes de Inteligencia lo reportaron en la playa Mikonos el 13 de enero y ella fue un fin de semana a Asia 38 días después, mientras entrevistamos a cirujanos plásticos y especialistas que se aventuran hasta a asegurar que Boluarte se ha sometido a liposucción completa pese a que a simple vista no lo parece, mientras que especulamos que la red de prostitución del Congreso habría tenido como escenario “un bunker” en la oficina de su titular, se nos pasan los temas de fondo que realmente importan. Uno de ellos, ha sido la profusa labor que ha realizado el Tribunal Constitucional produciendo más de 4,400 sentencias en distintas materias, algunas de las cuáles vale la pena analizar pues desnudan arbitrariedades contra ciudadanos desde el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El TC ha dictado cátedra, al fallar a favor del a demanda de habeas data interpuesta por el comunicador Phillip Butters contra el Equipo especial Lava Jato, ordenándole entregue el Acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebretch y el acuerdo complementario, instrumentos que por 5 años permanecieron bajo 7 llaves. Ese derecho del ciudadano a la transparencia en la información permaneció ilegalmente suspendido por 5 años bajo la excusa que “podría afectar la lucha contra la corrupción. Tras su publicación, hemos conocido que los fiscales Vela, Pérez y los procuradores Ramírez y Carrión nos hipotecaron a la corrupta brasilera, nos establecieron penalidades por incumplimiento y canjearon su impunidad total a cambio de una irrisoria indemnización y de creerles que sólo habían robado en 4 obras cuando ya tenían información que la corrupción se había extendido a más de 14 proyectos, entre ellos el Gasoducto.
En el caso de las agendas de Nadine Heredia, el máximo intérprete de la Constitución ha declarado la demanda de habeas corpus improcedente al considerar que no se acredita vulneración a la libertad personal de los demandantes y más bien se refiere a la legalidad o no del uso de “pruebas supuestamente prohibidas” que no guarda relación al recurso planteado. Otro futuro “candidato” que se quedó con los crespos hechos es Martín Vizcarra, cuya demanda fue declarada infundada al no encontrarse que se le hayan violado derechos cuando el Jurado Nacional de Elecciones no le entregó credencial de congresista 2021 – 2026 debido a su inhabilitación política. El TC ordenó, así mismo, la liberación inmediata de dos militares condenados por crímenes en la era Fujimori – Montesinos; uno de ellos el ex comandante general del Comando Conjunto FF.AA., Nicolás Hermoza Ríos, por padecer demencia senil hace varios años y el ex Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, por registrar 8 años adicionales de carcelería.
De todas las sentencias publicadas en los últimos días, la del ex secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, es la que podría impactar en cascada a otros co-investigados del caso “Cocteles”, el máximo intérprete de la Constitución ha ordenado que su caso retorne a fase preparatoria para que la Fiscalía formule nueva acusación y sustente cómo se configuró organización criminal sin incluir delitos por los cuáles no fue investigado; los magistrados han sido especialmente duros con el juez Víctor Zúñiga a cargo del control de acusación al haber permitido ilegalmente al fiscal José Pérez la subsanación del expediente más de 19 veces, criticando su “conducta procesal en la etapa intermedia” y cuestionando su parcialidad a favor del Ministerio Público, critica a éste último por realizar “acusaciones sorpresivas” que convalidadas por el Poder Judicial generó que el caso Cócteles se convierta en un caso de lawfare; no se entiende entonces cómo los flamantes titulares de la Fiscalía y el Poder Judicial han sido incapaces de hacer un mea culpa respecto a lo que la ciudadanía ha presenciado los últimos años, la abierta transgresión de la ley en nombre de la lucha contra la corrupción.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.