Tras revisar los primeros lineamientos sobre los cuáles se pactó un acuerdo de colaboración eficaz con Odebretch y cuatro de sus principales ejecutivos no es precipitado concluir que de lo que se trató fue de una estafa, “progresiva y continua” en la que desde el Ejecutivo, encabezado por el mismísimo Presidente de la República, su Ministra de Justicia, la Fiscal de la Nación en funciones, los fiscales Lava Jato y los procuradores públicos se diseñó una estrategia clara de favorecimiento a la constructora brasilera lesiva para los intereses del Estado que ha concluido en impunidad.
Los hechos indican que Odebretch, sus socios y ejecutivos recibieron grandes beneficios, se les permitió vender activos, reciclar empresas, retirar sus fondos del país y retornar a su patria, luego que se acondicionara la legislación a su medida con el viejo cuento que “todo valía con tal de saber la verdad de nuestros corruptos”. Para este plan de impunidad se empleó artillería pesada; la campaña mediática dirigida por el grupo El Comercio, IDL Reporteros y organizaciones no gubernamentales fulminó políticos para proteger a los verdaderos corruptos, tanto así que a 8 años de iniciadas las pesquisas la única sentencia importante ha condenado sólo en primera instancia al ex presidente Alejandro Toledo por colusión y no gracias al Acuerdo de colaboración eficaz con Odebretch sino, principalmente, a la delación de su desaparecido ex socio Joseph Maiman; el mayor operador corrupto peruano José Graña Miró Quesada hoy pasea por el Mediterráneo con una sentencia de colaborador eficaz que aún permanece en secreto pero que será desvelada en breve gracias al habeas data ganada por el comunicador Phillip Butters que ordenó recientemente transparentar el famoso acuerdo que fue homologado en 2019 pero que ilegalmente permaneció en secreto 5 años.
La estrategia pro impunidad hoy es clara, se adecuó la legislación para favorecer a los corruptos, se cesó a un fiscal agudo como Hamilton Castro para colocar a los fiscales politizados Rafael Vela y José Domingo Pérez, se despidió a procuradoras experimentadas en ejercicio que se atrevieron a dictar cautelares para impedir que Odebretch y sus socios dispongan de sus activos y así colocar a un par de procuradores inexpertos de fácil manipulación; paralelamente, se diseñó una campaña mediática que pulverizó a todo aquel detractor que osara cuestionar la estrategia Lava Jato y se inició una feroz persecución contra políticos que recibieron aportes de campaña privados, menos a funcionarios públicos en funciones que canjearon su permanencia por contratos perjudiciales para el ciudadano de a pie, el ejemplo más indignante es el de la ex alcaldesa Susana Villarán, quién a pesar de confesar su delito en 2019 aún no tiene fecha de juicio oral. Posteriormente, con la renuncia de PPK y la salida de Marisol Pérez Tello fue su sucesor constitucional, Martín Vizcarra, el que terminó el trabajo sucio, expectorando a un fiscal probo como Pedro Chávarry para colocar a la complaciente Zoraida Avalos que se prestó a la impunidad de quién hoy está al borde de una condena por recibir sobornos del Club de la Construcción y desacreditar el informe de la Comisión Lava Jato que detallaba corrupción en más de 14 proyectos, entre ellos el Gasoducto del Sur, Trasvase Omos y Rutas de Lima, que no fueron incluidos en el Acuerdo de colaboración eficaz en el que Odebretch sólo reconoce corrupción en 4 proyectos.
La semana pasada la procuradora Silvana Carrión ensayó un road show por medios complacientes asegurando que es legal el acuerdo de colaboración “progresivo y continuo”, que fue “beneficioso para el país”, se felicitó por los casi 300 millones de soles de reparación civil que ha cobrado el Estado peruano; a no ser que quiera graduarse de cómica, es un insulto que se vanaglorie de cobrar una suma irrisoria cuando se estima que los sobrecostos producidos en la obras de las corruptas brasileras superan los 3 mil millones de dólares y que a Odebretch se le ha concedido pagar la ridícula indemnización de 610 millones de soles en cómodas cuotas mensuales en un periodo de 10 años; así mismo, es un insulto que defienda las virtudes del acuerdo cuando no se incluyó una cláusula que inhiba a la corrupta de demandarnos a nivel nacional e internacional, es un insulto que le hayamos devuelto 524 millones de la venta de Chaglla para que “la empresa rehabilitada” tenga solvencia para pagarnos por partes la indemnización fijada y que, producto de su entreguismo e incompetencia, Enagás nos ganara un arbitraje ante el CIADI que ordena que Perú le pague 194 millones de dólares y que es altamente probable que el centro de arbitraje adscrito al Banco Mundial falle a favor de Odebretch Latinvest y nos ordene pagarle 1,200 millones de dólares de indemnización.
El perjuicio al país es el más grande de la historia, todos estos personajes deben ser investigados, sus secretos bancarios y de comunicaciones deben ser levantados, deben pagar penalmente por su entreguismo y ser sometidos al escrutinio público; sobre ellos se ciernen serias y legítimas dudas sobre si esta estafa progresiva y continua que permitieron fue gratuita o recibieron beneficios económicos a cambio de ella.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.