Al ciudadano de a pie, aquel que invirtió los ahorros de su vida para abrir una bodeguita y está próximo a cerrarla porque los extorsionadores se devoran su ganancia, al transportista que maneja 12 horas a sabiendas que hacerlo podría ser una cuestión de vida o muerte, al estudiante o al trabajador común en general le importa poco si en la China o en la cochinchina es mayor el índice de criminalidad que en Perú; por ello, resulta insultante los argumentos a manera de consuelo esgrimidos desde el Ejecutivo para justificar que en el primer mes del año ya se han producido 106 homicidios y que en el último trimestre de 2024 se registró un incremento superior al 18% de la criminalidad.
Pese a que la ciudadana Dina Boluarte parece vivir en una realidad paralela debemos exigirle que ejerza liderazgo y articule un plan integral para enfrentar la creciente criminalidad porque, aún con mejoras en la economía y más obras, no habrá país viable en el 2026 si el gobierno sigue enfrentando a la delincuencia reactivamente, poniendo parches y sacando conejos de la manga cada vez que un evento delincuencial deja en evidencia la orfandad de planes operativos articulados desde el Ejecutivo y de la mano del Ministerio Público y el Poder Judicial; el país no puede seguir asistiendo al bochornoso espectáculo pugilístico que permanentemente protagonizan estos tres entes públicos que parecen haber olvidado que si están sentados en sus cargos es para servir al país y no para retacearse porciones de poder que perjudican la lucha contra la criminalidad y generan a la larga impunidad.
La permanencia o no del Ministro del Interior es irrelevante si la jefa insiste en luchar contra el crimen sólo de la mano de la Policía y con apoyo de las Fuerzas Armadas, nuestra mandataria debe saber que no habrá éxito sin una estrategia interinstitucional conjunta de Inteligencia, de operaciones, de reformas en el sistema de justicia y penitenciaria. Es una falacia afirmar que el problema delincuencial en nuestro país radica en la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia o en la tipificación más estricta de la figura de organización criminal, nuestro problema radica en la impunidad por la lentitud del proceso fiscal y judicial para acusar y condenar al delincuente; de qué sirve apresar 36 meses al presunto miembro de una organización criminal, ampliarle la investigación 36 meses, durante ese periodo mandarlo a una cárcel tugurizada de donde saldrá más delincuente que antes, luego de 6 años recién llevarlo a juicio y, en muchos casos, declararlo inocente porque la valla de crímenes imputados por Fiscalía es tan alta que hace muy complicado probárselos; de qué sirve acusar al criminal, pedir detenciones preliminares si un juez se va a tomar más de 200 audiencias en dilucidar si amerita ir preso no y cuando lo manda preso el delincuente ya fugó; de qué sirve capturar “pirañitas” si no apuntamos mediante un trabajo de filigrana en Inteligencia a las cabezas del crimen organizado que está carcomiendo nuestra sociedad.
No podemos seguir haciendo más lo mismo; el Gobierno debe partir por sincerar su diagnóstico de la realidad, reconocer que la criminalidad nos está ganando y ejecutar un plan a corto, mediano y largo plazo que integre a todos los estamentos del estado; está claro que sólo no lo puede hacer, debe dejar la soberbia e integrar en ese objetivo a todos los estamentos del Estado. El Ejecutivo debe saber que no venceremos la criminalidad mientras tengamos un gobierno reactivo sin planes tangibles enfrentándola prácticamente a ciegas; el Legislativo debe saber que el país necesita profundidad en el análisis de leyes necesarias que ayuden a la lucha contra el crimen no clisés o proyectos efectistas que en lugar de ayudar obstaculizan; el Ministerio Público debe saber que no conseguirá condenas si continúa abundando en tipificaciones tan ambiciosas que a la larga dificultan la probanza; el Poder Judicial, decirle que la delincuencia seguirá de fiesta mientras tengamos procesos judiciales engorrosos que generan impunidad; el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos debe saber que no habrá resocialización si mantenemos penales tugurizados que no otra cosa que escuelas de adoctrinamiento delincuencial 24/7; finalmente, la directora de orquesta debe saber que tiene la enorme responsabilidad de entregar un país medianamente pacificado en 2026, que su falta de liderazgo y visión estrecha respecto a la lucha contra la delincuencia nos están conduciendo a la derrota.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.