Ya es constante y reiterante que, como lo informan los medios periodísticos escritos, radiales y televisivos, en la población nacional se considera que no es eficiente la labor que realizan los fiscales sobre todo en las investigaciones de acciones ilícitas que agravian tanto a personas naturales como jurídicas. En la ciudadanía y también los abogados penalistas opinan que magistrados fiscales no son eficientes en las investigaciones de delitos y de los autores y que las “investigaciones” las “realizan” en años con lo que hay el evidente riesgo de sobre venga la prescripción que favorece a quien a delinquido.
El caso de “políticos” a quienes se les atribuye delitos que devienen de la corrupción, las investigaciones que se iniciaron hace años aún no se han concretado en las acciones penales correspondientes. Más, aun, se ha conocido que los denominados acuerdos de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht que publicitaban los del equipo Lava Jato de la Fiscalía, sobre todo los “fiscales” Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, han devenido “en inservibles” para probar las atribuciones penales a conocidos políticos que han desempeñado cargos importantes en la República. Ahora se dice que dicho “equipo” politizaba “sus investigaciones”.
Otra perla de la inoperancia de miembros del Ministerio Público, es que públicamente reclaman que las investigaciones a la delincuencia la realicen “fiscales” y no la Policía Nacional. Lo públicamente evidente es que es la PNP es no solamente la que investiga a la delincuencia, sino que detiene a los autores de delitos y los pone a disposición del fiscal respectivo; pero ¡oh sorpresa!, delincuentes que ya fueron puestos a disposición del miembro respectivo del Ministerio Público, nuevamente son vueltos a detener por la PNP por la comisión de nuevos delitos. Esto evidencia que tales autores de delitos fueron puestos en libertad por resolución de Fiscal o de juez penal.
Lo evidente es que no solamente en Lima, sino en el país, la delincuencia “está floreciendo”. Pese al clamor ciudadano, no se combate con eficacia a los malhechores: diariamente asesinan en calles, centros de trabajo, vehículos, viviendas. Extorsionan, raptan, trafican drogas; hasta asesinan por robar un celular. Pero, no se conoce que el Ministerio Público realice labores de inteligencia para ubicar a los cabecillas delincuenciales y conocer sus objetivos y detenerlos.
Casos negativamente “emblemático” es el de los miembros del Ministerio Público Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez constantemente se auto-publicitaban en informativos periodísticos de televisión o diarios. Se ha conocido que a otros miembros de esa entidad también se les atribuye actos no correctos (entre los que están Fiscales de la Nación).
Ante ello, mayoritariamente la población opina que debe reestructurarse el Ministerio Público y perfeccionar su Ley Orgánica que los rige y que se establezca responsabilidades administrativas y penales a sus miembros que no cumplan con eficiencia la finalidad de esa entidad pública. Pareciera que se cobijan en su autonomía, unidad, exclusividad e independencia. La sociedad peruana considera que sus funciones son “la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses públicos, el interés social, la representación de la sociedad en juicio para defender a la familia, a los menores e incapaces, así como proteger la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. Que labore eficazmente por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de las leyes y la recta administración de justicia” (SIC).
Siempre deben tener presente que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y que deben “Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”.
Se sugiere que, estando a que los magistrados fiscales son profesionalmente abogados, en las Facultades de Derecho de todas las Universidades, debe existir un curso sobre inteligencia (investigación) de las actividades antilegales, entre ellas las delincuenciales. Actualmente a los estudiantes de Derecho se les imparte educación sobre la Ciencia del Derecho y de las normas sustantivas y adjetivas de todas las ramas que comprende el Derecho. El curso de inteligencia los preparará para realizar investigaciones de todo acto humano.
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).