Cecilia Palacios C.
El inicio del juicio oral accidentado al ex presidente Pedro Castillo por tentativa de golpe de estado no tiene precedentes, es la primera vez que se lleva a los tribunales a un Jefe de Estado por haber intentado interrumpir el orden constitucional; al estilo del más disparatado sketch de Tres Patines, el país presenció a un gobernante ladino e informal que dirigió nuestro rumbo por 17 meses sin el menor respeto por la institucionalidad y la inteligencia de los peruanos. Su estrategia fue clara, patear el tablero, presentarse como un perseguido político, resistir a someterse a la justicia bajo el argumento que había subrogado a sus abogados porque no creía en el proceso judicial, rechazando la asignación de un defensor de oficio; la respuesta de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a cargo fue categórica: la ley ordena que “la instalación del auto de enjuiciamiento es inaplazable y el derecho a tener defensa pública o privada es irrenunciable”; su intento por frustrar la audiencia fue fallido, como lo fue su golpe de estado.
Pero no nos engañemos, Pedro Castillo no da puntada sin hilo, trazó la cancha para una futura estrategia de defensa en sede internacional y es que es consciente que su estrategia en sede nacional es casi un caso perdido; recordemos que el 7 de diciembre de 2022 tras su mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso de la República, la instauración de un gobierno excepcional de emergencia nacional y la reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional generó el rechazo inmediato de todas las instituciones del estado; el no sometimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desencadenó su salida de Palacio de Gobierno, su inmediata vacancia presidencial y su posterior detención en la Prefectura en su trayecto de huida hacia la Embajada de México; el resto de la historia es conocida.
El otrora líder de Perú Libre registra la acreditación de una cifra cercana a los 30 abogados y ha presentado una decena de recursos para impugnar la acusación fiscal por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado, su detención en flagrancia y la declaratoria de su vacancia por incapacidad moral permanente, todos ellos han sido vistos en diferentes instancias judiciales, incluso en el Tribunal Constitucional; en todas esas instancias hubo uniformidad de criterio: su mensaje fue una orden transmitida por un presidente de la República que “resquebrajó abiertamente el orden constitucional y supuso la ejecución de un golpe de estado y la comisión de delitos contra el orden constitucional detectados en flagrancia y por un gobernante de facto”. Su esperanza de resultados a su favor está puesta en sede internacional y para ello cuenta con el manifiesto apoyo de los gobiernos de Colombia y México, para ello cuenta con el concurso de dos juristas argentinos de renombre, el especialista en Derechos Humanos Guido Croxatto y el penalista Eugenio Zaffaroni, este último miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015. Sin embargo, los juristas de Gustavo Pedro y Claudia Sheinbaum no la tendrán fácil en la CIDH que a través de su comisión emitió pronunciamiento el 8 de diciembre de 2022 en el que “condena las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.
Quizás lo más novedoso en las primeras audiencias es la revelación que, como todo hacía presagiar por el verbo, el cerebro y artífice del manifiesto golpista fue su ex premier y entonces asesor Aníbal Torres, y es que el Ministerio Público asegura que las pericias y el perito a cargo demostrarán que el archivo digital encontrado fue redactado la noche anterior por Torres, que la entonces premier Betssy Chávez estuvo a cargo de la parte operativa y que en esta conspiración para el quiebre del orden constitucional participó con plena consciencia y en todo momento el ex presidente Pedro Castillo. Otras revelaciones que quedaron al desnudo son las grietas producidas entre los bandos seguidores de Pedro Castillo (Todos con el Pueblo – TCP) y los de Aníbal Torres (Adelante Pueblo Unidos – APU) que, aunque coinciden en la lucha por la liberación de su líder, casi se agarran a golpes y linchan a su salida al “cerebro de la conspiración”, acusándolo de traición y de haber manipulado al “Prosor” lo cual es hasta infantil porque si de algo hay que estar seguro que esta historia de quiebre constitucional comenzó meses antes con los Consejos de Ministros Descentralizados en los que se sembró odio, división y se sentó las bases para subvertir al país; también debe quedar claro que Pedro Castillo decidió patear el tablero al día siguiente que uno de sus hombres de confianza Salatiel Marrufo lo comprometió a él y a sus hermanos en la recepción de sobornos en la trama Sada Goray.
En esta historia no hay víctimas, hay culpables que intentaron convertirnos en dictadura acorralados ante evidentes muestras de corrupción. Los demócratas esperamos que la justicia actúe con rigor, respetando el debido proceso de los acusados; esperamos que actúe con severidad ante conductas dilatorias, anuncios de huelga de hambre y otros artilugios que probablemente el ex presidente ensayará en el transcurso del juicio; esperamos que se castigue con las máximas penas a estos aprendices de dictadores que osaron intentar quebrar el orden constitucional infringiendo un daño irreparable a nuestra democracia. Difícil tarea para el sistema judicial peruano que deberá cautelar los derechos del acusado aplicando la ley para impedir las pretensiones del golpista en el montaje de un show cuyo objetivo es deslegitimar el proceso.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.