Para morir con dignidad, hay que vivir con dignidad. El Estado pretende abogar por una muerte digna, cuando ni siquiera se ha preguntado cuál es realmente el significado de esta frase. Se pretende significar el adelanto de la muerte para retratar la figura de un deceso digno, cuando no se cuestiona qué es realmente la dignidad y si el Estado contribuye a que los miembros de la sociedad civil vivan dignamente.
La dignidad, según Kant, es aquello que vale por sí mismo, por sus propias cualidades, y, no por algo externo a la entidad misma. Las personas son, entonces, dignas.
Si las personas son dignas, el Estado debe contribuir a todo aquello que corresponda a su dignidad. Una vida digna es aquella que no carece de las necesidades básicas de un individuo. El respeto por su vida, primeramente, y luego, el amparo de sus derechos, fundamentalmente, los que velan por la protección de sus menesteres básicos.
El Estado no contribuye a la dignidad de los seres humanos, si no le garantiza a los individuos el acceso a la salud, a la educación de calidad, a la alimentación, al vestido y a las posibilidades de realización personal. Tampoco puede estar ausente el derecho al trabajo y todo lo que conlleva la actividad laboral. Si esto no se da, entonces, estamos asistiendo a una realidad endeble que no ofrece las condiciones para que las personas vivan dignamente. Si no hay dignidad en la vida, tampoco podemos pensar en una dignidad ante la muerte.
La muerte digna no es la preferencia de la muerte ante la situación de un contexto doloroso, pues el Estado no puede ofrecer dignidad al margen del bienestar de la persona misma, aún en medio del sufrimiento. La supresión del sufrimiento no otorga dignidad al ser humano. La atención y paliación del mismo, sí estarían dirigidos al tratamiento de los individuos, como seres fundamentalmente dignos.
En un país donde los niños mueren de hambre, frío, anemia y/o tuberculosis, donde no hay atención primaria en salud o donde este beneficio no llega a todos, no podemos pensar en una vida digna, y la muerte no va a hacer desaparecer lo que nunca existió.
Si el bienestar no llega a todos, es imposible pensar en dignidad. Cada ser humano es único e irrepetible, por lo tanto, el Estado no contribuye a la dignidad si esta no llega a todos y cada uno de los componentes de la sociedad civil.
En los países donde el bienestar sí alcanza a las personas, en el primer mundo, específicamente, hay un inexplicable olvido de la dignidad humana al momento de la muerte o del padecimiento de enfermedades incurables y terminales. Estas sociedades, por su adelanto mismo, pueden ofrecer a los individuos un contexto más humano, donde paliar el dolor y atender las etapas del sufrimiento es una posibilidad real. Sin embargo, no lo hacen, y optan por una cultura de la muerte y una preferencia desesperada ante la misma, a que atender las necesidades de estos pacientes.
Las sociedades donde reina el progreso material, el humanismo se encuentra escandalosamente ausente o mal interpretado, de modo que aparece como progreso, lo que realmente no lo es.
La dignidad ante la muerte se desprende de cómo se ha tratado la dignidad ante la vida. Hay un desequilibrio si se aboga por la muerte del individuo si este llega a experimentar dolor y soledad en una edad avanzada, y, ante momentos vulnerables producidos por la enfermedad, tenga la edad que fuere.
Del mismo modo, esta falta de equilibrio vuelve a aparecer en los países donde la mayor parte de personas no viven con dignidad, pero se intenta restituir ante la muerte lo que el Estado nunca les ofreció: vivir con dignidad.
La dignidad nada tiene que ver con la muerte. La muerte es aniquilación, desaparición, no-ser. Por lo tanto, en esta situación, el individuo deja de existir y la dignidad desaparece con él, quedando sólo el respeto hacia los restos de lo que la persona fue.
El Estado, antes de pensar en una equívoca forma de dignidad, debe velar por la consecución de las necesidades básicas del individuo, aquéllas que deben ir acompañadas de lo que entendemos como una vida digna, desde el nacimiento hasta la muerte. Si el Estado atiende a las posibilidades de una vida digna, entonces, ofrecerá las condiciones de una muerte digna, no propiciando que el individuo elija el morir como única alternativa ante su situación.
En esta figura entran los niños y adolescentes, los pacientes incurables y terminales, y, sobre todo, los adultos mayores, para quiénes la atención en salud y el bienestar personal han de consistir en una prioridad.
Solo de esta manera podemos pensar en una sociedad justa e igualitaria. Las leyes son el reflejo de las sociedades, y, de la forma cómo se comporte el Estado hacia las personas vulnerables, podemos pensar en un verdadero progreso.
Miryam Patricia Falla Guirao
Licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Exbecaria de Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina en el área de Ética y Bioética. Docente Universitaria en pre y post-grado. Conferencista en universidades, colegios profesionales e instituciones jurídicas y de salud.