Por Roberto Rendón Vásquez
La Constitución de 1979 constituyó el Ministerio Publico como organismo autónomo e independiente y lo normó como Órgano del Ministerio Publico y estableció el Fiscal de la Nación (Artículos 250°, 251°); inició sus funciones el 12/05/1981 (Ley Orgánica establecida con el Decreto Supremo N°052 del 19/03/1981). En la Constitución de 1993 se reitera su autonomía con los derechos de unidad, exclusividad e independencia (Artículos 158°, 159°, 138°, 139°) y señala que lo preside el Fiscal de la Nación. En ambas Constituciones están sus atribuciones.
No obstante, su autonomía, unidad, exclusividad e independencia para “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, tutelados por la ley; Velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia; representar a la sociedad (…)” (SIC) el Ministerio Público ha devenido en una institución espinosa; generalmente se le atribuye deficiencia en sus funciones y en las investigaciones que están a cargo de magistrados fiscales de todas las instancias. Hasta hay confrontaciones entre sus miembros lo que ha trascendido por los medios periodísticos. En menos de 10 años, tres fiscales de la Nación tuvieron que “culminar” sus mandatos por hechos irregulares en el ejercicio de su función y cuatro fiscales supremos fueron destituidos por sus vínculos con investigados del caso “Cuellos Blancos».
Vamos a centramos en hechos recientes: Uno, que ha devenido en crisis “institucional”, es el caso de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas por la conducta (y quehacer) y el otro de los conflictos es de Delia Espinoza Valenzuela,
El caso de Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, en julio de 2022. Este hecho marcó el inicio de una etapa de inestabilidad que se mantiene hasta la actualidad. Entre los hechos que se le atribuyen destaca la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales – que investigaba a la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la mencionada ex Fiscal de la Nación, por el presunto cobro de sobornos a narcotraficantes – y al fiscal Frank Almanza Altamirano a cargo del caso Sánchez Paredes. Hay otros casos.
Delia Espinoza Valenzuela es Fiscal de la Nación tras la suspensión de Benavides por la JNJ, a finales de 2023. Actualmente, está sujeta a investigación por su actuar. Esta Fiscal de la Nación, no solamente está enfrentada a otros fiscales supremos, sino que se ha opuesto a cumplir la resolución de la Junta Nacional de Justicia de “reponer” como fiscal suprema a Patricia Benavides Vargas. Hasta ahora está en confrontaciones e incumplimientos.
El caso de las últimas Fiscales Supremas Patricia Benavides Vargas y Delia Espinoza Valenzuela no es todo. Contantemente se señala que el Ministerio Público no supera en nada sus deficiencias – que se conocen públicamente –; evidencia falta de celeridad en las investigaciones, tiene bajo desempeño en la persecución de delitos y de la exposición a la corrupción, realiza la rotación de personal que debilita la seguridad jurídica, muestra ineficacia en la atención a víctimas de escasos recursos, lo que genera impunidad y desconfianza ciudadana. Conmueven a la población las decisiones (resoluciones) que emiten fiscales dando libertad a delincuentes detenidos por la Policía Nacional que han cometido delitos. Las dilaciones en las investigaciones retrasan la toma de decisiones y virtualmente favorecen a la delincuencia y afecta el derecho de las personas agraviadas; más grave aún es que en “determinadas” investigaciones demoran muchos años, tal son los casos de corrupción de “altas autoridades”. Es evidente que muchos de los profesionales abogados que prestan servicios en el Ministerio Publico como Fiscales, adjuntos y personal administrativo, evidencian incapacidad para ejercer las importantes funciones que se les confiere por mandato constitucional. No es admisible la virtual politización de fiscales buscando confrontarse con miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Como consecuencia de estos hechos resulta evidente que el Ministerio Público necesita reorganizarse. La carrera fiscal debe que garantizar la formación de profesionales capaces de resolver y esclarecer delitos para evitar la impunidad.
La población considera que el Ministerio Público es entidad espinosa, por ende, debe comenzarse por quitar la espina que ahora la “dirige”. Los políticos electos congresistas – en este su último año de electos – ¿tendrán el valor, inteligencia y responsabilidad de declarar legalmente la reorganización del Ministerio Público?
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).