Anti militarismo y pro subversión, las dos caras de la misma moneda

De 1980 a 1995, el país tuvo que afrontar la lucha armada e ideológica contra el brazo militar del partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Para afrontarlo, tuvo que recurrirse a una doctrina de guerra no convencional. Al respeto, la guerra tuvo para el Ejército dos etapas bien marcadas: la de aprendizaje que duró más o menos cinco años y luego la de los éxitos iniciales hasta llegar a la consolidación final, en donde uno de los puntos más importantes fue separar a la población de la minoría terrorista. Cuando el comunismo internacional impulsó y consiguió que en el Perú se instalara la lucha armada, para como en Cuba o Venezuela, mediante la guerra hibrida, capturar el poder, pasamos a ser un país en guerra. Esta modalidad, combina tácticas irregulares y convencionales, así como elementos no militares como la guerra cibernética, la desinformación y la presión económica, para debilitar al adversario sin una confrontación directa a gran escala.  Usa métodos no convencionales de guerra, como la guerrilla, el terrorismo y la insurrección.  Su objetivo es debilitar al oponente y desgastar su poder, aprovechando las fortalezas propias y las debilidades del adversario. Su naturaleza, se enfoca en el «cómo» se combate, es decir, en las tácticas y el modo de operar. Sus componentes incluyen una mezcla de acciones militares directas, guerra irregular, desinformación, guerra cibernética, presión económica y otras formas de actividad. Su objetivo es debilitar al adversario y minar su capacidad de resistencia mediante un enfoque multifacético y complejo.  Para el ejército, esto resulto nuevo. Mientras nos adaptamos a ella, subsanáramos la estrategia y táctica a emplear así como recibamos el apoyo gubernamental, muy débil con Belaunde y García y fuerte con Fujimori, el país sufrió graves pérdidas de la infraestructura económica  e infinidad de muertos. No se solucionó hasta que el ejército organizara frentes compuestas de fuerzas móviles con capacidad de ganar los combates con la ayuda de las mismas comunidades. Esas mismas, que anteriormente, por simpatías ideológicas o por la fuerza, habían conformado las masas que asesinaron a autoridades civiles, militares y policiales. 

Mientras que el derecho internacional busca regir la conducta de la guerra, las tácticas y la naturaleza de los participantes en una guerra asimétrica crean un entorno, en el que estos marcos jurídicos se vuelven inadecuados o difíciles de aplicar, llevando a una ruptura efectiva de los principios establecidos. A la luz de los conocimientos emitidos, resulta contraproducente que 45 años más tarde, y a raíz del Informe Final de la CV y R, con el apoyo legal del CIDH, con argumentos similares a los utilizados en el juicio a los nazis, se acometa judicialmente a los que acabaron con esta amenaza a la democracia peruana, y se de preferencia la defensa profundamente ideologizada a los causantes de esta esa tragedia peruana. Los grupos armados de orientación política ha sido capaz de sobrevivir solamente si se han podido conectar a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, los mismos en los que proliferan fenómenos de hidibridación entre criminalidad y terrorismo, sean de manera permanente o como convergencia coyuntural y transitoria, que se benefician de la debilidad estatal, entre ellos, los elementos residuales de Sendero Luminoso y del propio cerrronismo. Los mismos que, haciendo valer la lógica maoísta, asumen como mal necesario la materialización de un baño de sangre que, incluso, en algún momento, Abimael Guzmán cifro en un millón de muertes y varias décadas de confrontación. Empero, la imbricación de violencia de izquierda en buena parte del imaginario colectivo en el Perú dejo consigo una importante fractura social y política y, por extensión democrática. El marxismo, lejos de ser un pilar de la estabilidad democrática, es asumido en el Perú como expresión indisociable de la violencia.

El actual conflicto entre los poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, donde las tensiones se manifiestan en intentos de vacancia presidencial y procedimientos de disolución del Congreso, puede llevarnos a crisis de gobernabilidad. A pesar de que el objetivo de la separación de poderes es limitar la concentración de poder y evitar abusos, generan fricciones entre las distintas ramas del gobierno. La forma en que está estructurado el sistema de gobierno, y la fragmentación de los partidos políticos, la debilidad de las coaliciones y la presencia de bancadas minoritarias en el Congreso aumentan la conflictividad.  La lucha por el poder genera un ambiente de crisis política y social, afectando el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, la misma que llevan a la pérdida de legitimidad de las instituciones y a la erosión de la confianza pública.  

Actualmente 1,323 policías y militares están involucrados en las investigaciones de la fiscalía por los sucesos de 2022 y 2023, donde turbas violentas, azuzadas por terroristas y financiadas por economías ilegales, trataron de reponer en el gobierno al golpista Pedro Castillo, para imponer una dictadura como la de Venezuela o Cuba. Para acabar con las persecuciones y largos procesos jurídicos contra los miembros de las Fuerzas Armadas, evitemos que los llamados caviares y los comunistas desfasados, dejen de intentar el caos del país para ejercer el poder. En una sociedad donde la autoridad y legitimidad no se concretiza, está dividida y desigual, los conflictos van a seguir. El quid del asunto, no es retirarnos de la CIDH. Tampoco, someternos a la voluntad de arbitraria de jueces y fiscales de un sistema claramente ideologizado, con la careta dizque de la defensa de los derechos humanos, ni menos, seguir normas del IDL, en ajusticiamientos y persecuciones sin fin. La mejor solución es que, en democracia, las instituciones cumplan su roles constitucionales asignados.  No podemos seguir instrumentalizando elecciones con casi 50 facciones políticas, ni permitir candidatos al Congreso prontuariados. Y en este desequilibrio intelectual de memoria y no de ciclos de historia en la que estamos inmersos, la exaltación a los miembros del PCP-SL y del MRTA, como elementos de justicia social (héroes del pueblo)  y no de asesinos masivos, enarbolados por el sistema judicial y ONGs aliados, no solo humilla a las victimas sino al Perú entero.  Tan igual de toxico,  resulta la inoperancia de jueces, fiscales y policías en mantener el orden interno. La misión de seguridad externa, la ideología y doctrina que ello conlleva, y la filosofía inmersa en sus integrantes, debería de impedirlo. No es cuestión de poner en tela de juicio el honor y gloria de los militares tras una guerra sucia producto de la naturaleza propia de una guerra irregular. Tampoco de repetir de pa a pe, el abecedario anti militarista decimonónico, perseguirlos y encerrarlos por 30 años o más. Sí, no se habilita la legítima defensa estatal, seremos un país fallido.

Víctor Velásquez Pérez Salmon 
Coronel del Ejército del Perú en Situación de Retiro. Se ha desempeñado como Catedrático de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra, Director de la Comisión Permanente de Historia, y miembro del Proyecto Ejercito 2001.  Es autor de varias publicaciones de historia, ensayos, poesía y cuento.