El siglo XXI debía ser el tiempo del despegue peruano. Crecimos económicamente, aumentaron las obras y los recursos llegaron a las regiones. Pero bajo esa apariencia de progreso, la corrupción se consolidó como un sistema de gobierno. Hoy nos cuesta más de S/ 24,000 millones al año, según la Contraloría General de la República. Es una sangría constante equivalente al 3% del PBI. Con ese dinero podríamos haber eliminado la pobreza o construido decenas de hospitales modernos.
Desde 2001, todos los gobiernos han repetido la misma historia. Toledo prometió transparencia y acabó perseguido por los millones de Ecoteva. Alan García terminó su segundo mandato con el escándalo de los “Petroaudios”. Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron acusados de recibir dinero sucio para financiar campañas. PPK renunció por los pagos de Odebrecht. Vizcarra, que se presentaba como el paladín anticorrupción, fue investigado por coimas cuando era gobernador. Pedro Castillo llevó el problema al extremo, mezclando familiares, ministros y asesores en redes de corrupción. Y Dina Boluarte cerró este ciclo con un país más dividido, desconfiado y empobrecido.
Nada de esto es casual. La corrupción no es un error individual, es una falla estructural. Tenemos un Estado burocrático, lento y opaco, con tantos trámites que facilitan el soborno. A eso se suma un sistema político débil, con partidos sin ideología ni control, que usan el poder para enriquecerse.
Mientras tanto, el aparato de control llega siempre tarde. La Contraloría admite que solo el 1% de sus acciones es preventiva. Todo lo demás se dedica a investigar cuando el dinero ya se perdió. Es decir, el Estado castiga, pero no evita. Así, seguimos atrapados en un círculo donde se roba, se denuncia, se olvida… y se vuelve a robar.
Sin embargo, el Perú no está condenado. La salida existe si cambiamos el enfoque. La lucha contra la corrupción no puede seguir siendo solo judicial ni mediática; debe ser estructural y preventiva. Primero, simplificar trámites: menos papeles, menos excusas, menos coimas. Segundo, digitalizar toda la gestión pública para que cada sol gastado sea visible. Tercero, abrir plataformas de control ciudadano, donde la gente fiscalice obras y funcionarios. Y cuarto, sancionar con firmeza: quien robe dinero público no debe volver jamás al Estado.
Pero sobre todo, se necesita voluntad política. Ninguna reforma funcionará si quienes gobiernan viven de los vicios que deberían erradicar. El cambio debe nacer desde abajo, desde ciudadanos que ya no acepten el “así es el Perú” como excusa.
El siglo XXI nos deja una lección clara: mientras no reconstruyamos el Estado sobre la base de la integridad y la transparencia, seguiremos sangrando miles de millones al año. No basta con encarcelar corruptos: hay que prevenir el robo antes de que ocurra. Solo así el Perú dejará atrás su enfermedad más vieja y podrá, por fin, avanzar hacia un futuro que no se robe a sí mismo.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.