En el titular de primera plana de la edición de El Comercio del sábado del 18 de octubre del 2025, se destaca la noticia que el Estado a través de la Junta General de Accionistas de la citada empresa, tomó la decisión de cesar a su actual presidente, Alejandro Nárvaez por su hemorragia de pérdidas estimadas en US$ 1,500,000 diarios. Es una noticia que no debe sorprender a nadie, porque Petroperú es simple y llanamente y para todos los efectos prácticos una empresa inviable. Por lo tanto, es indispensable que el gobierno por el tiempo de su mandato, asuma la decisión inevitable y sensata, de liquidar la empresa y en el caso no logre completar su tarea, tomar las medidas necesarias para que el próximo gobierno la ejecute.
Es un hecho público y notorio que Petroperú es una empresa estatal cuyo único accionista y primer acreedor es el Estado peruano, que opera formalmente bajo el régimen legal aplicable a una sociedad anónima, pero que se sostiene en estos momentos única y exclusivamente por los aportes monetarios del Estado, que constituyen un importante drenaje a las finanzas del presupuesto. Esa práctica viene siendo realizada para evitar un deterioro adicional a la calificación del Perú en el mercado financiero internacional. Estamos atravesando por un período político de un gobierno de transición cuyo mandato constitucional vence el 28 de julio próximo. Sin embargo, ha llegado la hora de enfrentar la realidad y tomar una decisión que fortalecerá a la República del Perú, por encima de los deseos y aspiraciones del personal de dicha empresa y de sus fallidas administraciones.
A los comentarios anteriores debemos agregar el hecho lamentable, de la falta de publicación periódica de los Estados financieros de Petroperú, con o sin observaciones de auditores externos, que señalen su actual situación patrimonial. Por consiguiente, en el supuesto de que Petroperú se encuentre dentro de la situación contemplada en el inciso 4) del artículo 407 de la Ley General de Sociedades, de estar incursa en una causal de disolución por haber sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio neto en una cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, el Estado debe tomar la decisión de iniciar un proceso de liquidación ordenada, mediante la venta de sus principales activos al mejor precio de mercado que sea viable en las actuales circunstancias económicas.
Es una decisión que debe tomarse hoy mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, que escoja la manera más conveniente de realizar esa liquidación, con o sin la participación de INDECOPI, a fin de vender sus activos al mayor valor de mercado para cubrir sus obligaciones respecto de terceros, hasta donde alcance el producto de la venta de sus principales bienes en particular las refinerías de su propiedad, que hoy quizás constituyen la principal razón de sus pérdidas. De otro lado, en el supuesto que hubiere acreedores externos que no gocen del aval del Estado y sufran pérdidas como consecuencia de la liquidación de Petroperú, es dable que asuman su importe como la consecuencia de una operación económica de resultados negativos, tal como ocurre en todos los mercados financieros y bursátiles del mundo. La República del Perú no debe convertirse en el organismo responsable de sus malas decisiones económicas de terceros como ocurre en cualquier parte del mundo, fuere o no capitalista, comenzando por los Estados Unidos.