Pese a cifras macroeconómicas estables, el Perú enfrenta una crisis silenciosa que va más allá de lo económico: la desconfianza institucional, la fuga de capitales y el desprecio sistemático por la Constitución están erosionando los cimientos del Estado. No estamos ante una tormenta financiera, sino ante una tormenta política con capacidad destructiva equivalente.
Mientras el Banco Central de Reserva mantiene la inflación bajo control y el tipo de cambio parece resistir, el entorno político actúa como una bomba de tiempo. La salida sostenida de capitales y, más de 20 mil millones de dólares por año desde 2021,evidencia que el verdadero problema no es técnico, sino de confianza. cuando el Estado no garantiza reglas claras, derechos protegidos ni una institucionalidad estable, los actores económicos optan por retirarse.
El primer muro de contención ha sido la política monetaria. El BCRP ha elevado tasas de interés, ha intervenido el mercado cambiario y ha logrado sostener al sol. Pero este es un equilibrio precario. Depende de factores externos (como el precio de los minerales) y de una estabilidad política interna que claramente no está garantizada. Un solo evento de crisis es,una confrontación extrema entre poderes del Estado, una nueva ola de violencia social o una señal de ruptura democrática, puede disparar el tipo de cambio sin previo aviso.
La segunda línea de defensa ,la confianza jurídica, está gravemente dañada. Las instituciones que deberían ofrecer estabilidad están capturadas o enfrentadas. El Congreso aprueba leyes inconstitucionales sin análisis técnico, el Ejecutivo promueve populismo normativo, y el sistema de justicia carece de independencia real. Así, la política se convierte en el principal riesgo país.
El núcleo del problema es la quiebra de la institucionalidad. Una democracia no se sostiene solo con elecciones. necesita respeto a la ley, separación de poderes y rendición de cuentas. Hoy, esos principios están bajo ataque desde dentro del propio Estado. El resultado es un país donde la incertidumbre domina, y donde el respeto por la Constitución se diluye según las conveniencias del momento.
Sin legalidad no hay legitimidad, sin Constitución no hay futuro
El Perú no saldrá adelante con discursos polarizantes ni con reformas impuestas al margen de la ley. La única salida viable es la reconstrucción institucional desde la legalidad y la legitimidad democrática. Defender la Constitución no es defender un texto inmutable, sino el principio básico de que el poder tiene límites, y que la convivencia exige reglas claras y respetadas por todos.
Cuando las instituciones se vacían de contenido, cuando la Constitución se interpreta al antojo de los poderosos, la legitimidad desaparece. Y sin legitimidad, ninguna economía por más reservas que tenga, puede sostenerse.
El Perú está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para hacerlo, debe volver a la legalidad como base del poder y a la Constitución como pacto social. No hacerlo sería permitir que el equilibrio se rompa. Y cuando eso suceda, ni el precio del cobre ni el tipo de cambio podrán salvarnos.
Con prudencia, responsabilidad y decoro, Rafael Aita Campodonico.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.