Nadie tiene seguridad porque la delincuencia se incrementa y es imparable no sólo en las vías públicas sino en establecimientos comerciales, centros de trabajo y educacionales, vehículos y en viviendas y no obstante el arduo y cotidiano trabajo de la Policía Nacional que enfrentándose a los autores de delitos logra detenerlos y con sus investigaciones dentro las 48 horas siguientes los pone a disposición del Fiscal (Modificación de los artículos 264° y 266° del Código Procesal Penal por el Decreto Legislativo N°957 del 22/07/2004 que regula los plazos de la detención). Pero en calles siguen los delincuentes hurtando, robando, asaltando y lesionando a los agraviados y muchas veces los asesinan. Ya son cotidianos la extorción, coacción, intimidación, etc. no sólo usando armas blancas y/o fuego sino hasta explosivos. El sicariato es imparable. No solamente actúan individualmente, lo hacen organizados en bandas dirigidas por “capos” refugiados en cómodas “viviendas” o lo hacen desde las cárceles donde están detenidos y/o sentenciados sus “cabecillas”. La criminalidad ha devenido en un grave problema nacional que, pese a los discursos y pregones de “autoridades” y políticos, no ha sido combatida eficientemente. El apogeo delincuencial incluso ha llegado a las esferas políticas pues generó la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente (09/10/2025).
El Presidente por sucesión constitucional (10/10/2025) abogado y congresista José Enrique Jeri Oré, desde su asunción a la Presidencia viene actuando públicamente en el combate a la criminalidad. Ha adoptado decisiones y conjuntamente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas está saliendo a las calles y conjuntamente con las fuerzas del orden público ha llegado a establecimientos penales donde ha constatado “el actuar” de cabecillas y delincuentes detenidos y/o sentenciados. Es un actuar excepcional del político que ha llegado (aunque sea temporalmente) a la Presidencia del País. Es público que en las calles miembros de la P.N. y de las fuerzas armadas protegen a la población. ¡Pero eso no es todo!
Es indispensable que también evidencien igual interés laboral, profesional y moral los servidores públicos del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerios de Justicia y el Interior, Municipalidades distritales y provinciales para que, dentro de sus respectivas funciones, actúen en un permanente y eficiente combate a la delincuencia.
Que los Fiscales evidencien capacidad para investigar a los delincuentes detenidos por la P.N. o denunciados, los magistrados jueces que procesen dentro de los plazos procesales a los delincuentes emitiendo sentencias, evitando que por las “clásicas” dilaciones en procesos judiciales sobrevenga la prescripción o concediéndoles libertades durante los trámites judiciales. Las autoridades a cargo de los establecimientos penales evitar que desde “los encarcelamientos” los delincuentes dirijan “sus bandas” o vivan “con excepcionales comodidades”.
Las autoridades policiales y municipales pueden incentivar a las poblaciones (en sus respectivos barrios) que se organicen para que unitaria, consiente y voluntariamente estén preparados para defenderse de los delincuentes y si les es posible procurar retenerlos para que los serenazgos municipales o la Policía los detenga. Es importante que haya equipos de video vigilancia no solamente en las vías públicas, sino que los propietarios de viviendas y/o establecimientos en general instalen esos equipos y además que este permanentemente conectados telefónicamente entre ellos y las autoridades policiales y municipales.
Las autoridades educacionales en general y a nivel nacional educar a los alumnos desde la primaria, secundaria y superior para su cuidado personal o colectivo contra personas de mal vivir. Igualmente, los empleadores en general – cualquiera que sea su actividad – dispongan de tiempos necesarios para capacitar a todo su personal para enfrentar a la delincuencia. Esto no solamente dará seguridad personal sino a sus negocios y actividades empresariales para no ser “objetivo” de los delincuentes.
Solamente teniendo conciencia individual y/o colectiva de autoridades y gobernados, podemos voluntaria y prudentemente de darnos seguridad contra la criminalidad. Las autoridades en general pueden y deben incentivar a todas las colectividades que adoptemos medidas de prevención y protección contra la delincuencia.
Finalmente debe invocarse a los Poderes Legislativo y Ejecutivo que emitan nuevas leyes que establezcan la obligatoriedad que todo detenido y/o sentenciado que este en un establecimiento penal debe trabajar para obtener medios de su sustento mientras cumple su condena. La sociedad ni el Estado deben sufragar el mantenimiento de los delincuentes encarcelados.
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).