El debate global sobre el debilitamiento del Estado en Europa y la expansión del crimen transnacional en Sudamérica encuentra en el Perú un escenario de alta vulnerabilidad. El país enfrenta una convergencia de crisis que se retroalimentan: inseguridad ciudadana sin precedentes, presión migratoria sin capacidad de gestión, informalidad estructural y una creciente fuga de talentos. Este conjunto de factores revela una realidad preocupante: un Estado con serias limitaciones para proteger a su población y sostener un proyecto de desarrollo de largo plazo.
En menos de una década, el Perú pasó de ser un país de emigrantes a convertirse en uno de los principales receptores de migración venezolana en el mundo. En el 2025, más de 1.6 millones de ciudadanos venezolanos residen en territorio nacional. A diferencia de los modelos europeos, donde la integración se apoya en amplios sistemas de subsidios, el Perú absorbió este flujo casi exclusivamente a través del mercado informal. Si bien esta estrategia permitió una inserción laboral rápida, también incrementó la presión sobre servicios públicos ya colapsados. Se estima que cerca del 30% de los establecimientos de salud de primer nivel opera en situación de saturación, mientras que el sistema educativo arrastra déficits históricos de infraestructura y personal. Esta sobrecarga ha generado tensiones sociales crecientes y ha sido capitalizada por discursos radicales. A ello se suma el debilitamiento del control fronterizo, que facilitó el ingreso de organizaciones criminales transnacionales y disparó los índices de extorsión y violencia urbana.
La informalidad es el principal talón de Aquiles de la economía peruana. En el 2025, aproximadamente el 75% de la población ocupada trabaja fuera del sistema formal. Esto implica que una base tributaria muy reducida debe sostener a más de 34 millones de personas. La presión tributaria apenas alcanza el 16% del producto bruto interno, muy por debajo del promedio de los países desarrollados. El resultado es un Estado con recursos insuficientes para garantizar seguridad, justicia e infraestructura básica. En este vacío institucional prosperan economías ilegales como la minería informal y el narcotráfico, que generan ingresos de corto plazo, pero erosionan el Estado de derecho y destruyen el tejido social. Aunque la economía mantiene cierta estabilidad macroeconómica gracias a las exportaciones mineras formales, el país continúa atrapado en una trampa de baja productividad.
Uno de los efectos más graves de este escenario es la fuga de cerebros. Profesionales jóvenes (médicos, ingenieros, técnicos y científicos) emigran en busca de seguridad, estabilidad institucional y oportunidades basadas en el mérito. Encuestas recientes indican que más del 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera seriamente emigrar. Este fenómeno coincide con el inicio del declive del bono demográfico, lo que significa que el Perú está perdiendo capital humano justo cuando más lo necesita para sostener su crecimiento y financiar su futuro sistema de protección social.
A esta realidad se suma una profunda crisis de representatividad. La inestabilidad política y la confrontación permanente entre instituciones han paralizado decisiones clave, afectado la inversión privada y erosionado la confianza ciudadana. Mientras la población exige orden, empleo y seguridad, amplias regiones del país perciben una ausencia persistente del Estado.
El Perú enfrenta una disyuntiva histórica. No puede repetir los errores europeos de expandir derechos sin respaldo fiscal ni los errores regionales de permitir que el crimen organizado imponga su agenda. La salida exige una honestidad brutal: reducir la informalidad mediante incentivos reales, recuperar el principio de autoridad en fronteras y territorios, y blindar la meritocracia como eje del pacto social. Europa demuestra que el bienestar sin control es insostenible; el Perú confirma que el crecimiento sin instituciones es efímero. Si no se actúa ahora para fortalecer el Estado de derecho y proteger el capital humano, el país no solo observará la crisis global desde la distancia, sino que pagará uno de sus costos más altos. La aritmética es clara y el tiempo corre.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.