Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales, el país entró en una etapa de transición marcada por la incertidumbre, la presión internacional y una profunda división interna. Lejos de iniciar una transición democrática clásica, lo que se perfila es un proceso altamente condicionado desde el exterior.
Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, luego de que el Tribunal Supremo declarara la “ausencia forzosa” de Maduro. Su llegada al poder no resolvió el vacío político. Por el contrario, la colocó en el centro de una fuerte presión doble. Desde fuera, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, exige el cumplimiento estricto de acuerdos negociados desde el 2025. Desde dentro, Rodríguez enfrenta la resistencia de figuras clave del chavismo, como Diosdado Cabello y el alto mando militar, cuya lealtad es frágil y condicionada.
A esta tensión se suma Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, quien ha comenzado a acusar públicamente de “traición” a quienes pactaron con Washington. Este discurso refleja una fractura interna cada vez más evidente dentro del chavismo, que ya no actúa como un bloque unido, sino como grupos enfrentados que buscan preservar cuotas de poder en un nuevo escenario.
El eje central de esta transición es el petróleo. Estados Unidos ha diseñado un plan en tres fases: estabilización, recuperación y transición política. En este esquema, el control de los recursos energéticos es clave. Washington ha anunciado que recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, que serán comercializados bajo supervisión estadounidense. Los ingresos no serán manejados libremente por el gobierno venezolano, sino administrados desde el exterior y entregados de forma condicionada.
La información más reciente agrega un elemento aún más sensible. El presidente Donald Trump anunció que Venezuela solo podrá usar el dinero del petróleo para comprar productos “made in USA”. Esto incluye alimentos, medicinas, equipos médicos, repuestos industriales y material para infraestructura básica. En la práctica, Estados Unidos no solo se convierte en el principal comprador del petróleo venezolano, sino también en su principal proveedor de bienes esenciales.
Este esquema reduce de manera significativa la autonomía económica del país. Venezuela no podrá decidir libremente dónde comprar ni negociar mejores precios en otros mercados. Aunque este modelo puede garantizar el abastecimiento básico en el corto plazo, también crea una relación de dependencia directa y prolongada con Estados Unidos, limitando la capacidad del Estado venezolano para definir su propio rumbo económico.
En el plano político, tampoco se vislumbran elecciones inmediatas. Washington ha dejado claro que no habrá comicios hasta que se complete la “estabilización” del aparato militar y de inteligencia. Esto significa que Delcy Rodríguez podría mantenerse como presidenta interina durante todo el año 2026, sin un mandato popular directo y con poder limitado.
A esto se suma el factor judicial. Nicolás Maduro enfrentará audiencias clave en Estados Unidos en los próximos meses. Si decide colaborar con la justicia, la información que revele podría comprometer a altos funcionarios aún en funciones, provocar nuevas órdenes de captura y desestabilizar los acuerdos actuales en Caracas.
Venezuela no está viviendo una transición libre y soberana, sino un proceso político bajo fuerte tutela externa. El control del petróleo, el uso condicionado de los ingresos y la imposición de compras exclusivas a Estados Unidos configuran un modelo de administración indirecta del país. Aunque este esquema puede evitar un colapso inmediato y traer cierta estabilidad económica, lo hace a costa de la soberanía nacional. El gran desafío será si esta transición abre un camino real hacia la institucionalidad y la democracia, o si consolida una dependencia estructural que limite por años la capacidad de los venezolanos para decidir su propio futuro.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU
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