El Perú vive hoy una de las peores crisis de inseguridad de su historia. La violencia ya no es un problema aislado ni limitado a ciertos barrios: se ha vuelto parte de la vida diaria de millones de ciudadanos. En el 2025 se registraron más de 2,200 homicidios, la cifra más alta de las últimas décadas. Las denuncias por extorsión se han multiplicado varias veces en menos de cinco años, afectando sobre todo a pequeños comerciantes, transportistas y emprendedores. Más del 80 % de la población afirma sentirse insegura, incluso en su propio vecindario. Estas cifras no solo reflejan miedo, muestran un Estado que ha perdido el control.
Esta situación no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones mal tomadas y de reformas inconclusas. Uno de los errores más graves fue la unificación policial de fines de los años ochenta, cuando se eliminó la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Con esa decisión se perdió una institución especializada en investigación criminal, con formación técnica y científica. En su lugar quedó una policía generalista, obligada a cumplir todo tipo de funciones. Hoy un mismo efectivo puede patrullar calles, controlar tránsito y, al día siguiente, investigar homicidios o redes de lavado de dinero. El resultado es previsible: investigaciones débiles, pruebas mal recogidas y procesos judiciales que se caen. No sorprende que menos del 10 % de los homicidios termine con una sentencia firme.
A esta debilidad se suma la corrupción interna. No se trata solo de coimas pequeñas, sino de un problema estructural. Ascensos sin meritocracia, cargos asignados por influencias y zonas “compradas” han dañado gravemente a la Policía Nacional. En muchos lugares, la población sospecha que denunciar es inútil o peligroso. Cuando el ciudadano deja de confiar, el crimen gana espacio. El impacto económico es enorme: la delincuencia le cuesta al país cerca del 2 % del PBI cada año, afectando la inversión, cerrando negocios y empujando a miles de personas a la informalidad.
Otro problema grave es la mala relación entre la Policía y el Ministerio Público. En teoría, ambas instituciones deberían trabajar juntas. En la práctica, compiten y se culpan mutuamente. La policía acusa a los fiscales de soltar delincuentes; los fiscales señalan que la policía investiga mal. Esta falta de coordinación retrasa procesos, genera impunidad y fortalece al crimen organizado. Mientras las instituciones discuten, las mafias se adaptan y avanzan.
Ante este panorama, algunos proponen copiar modelos de mano dura aplicados en otros países. Sin embargo, el Perú tiene instituciones débiles y altos niveles de corrupción. Aplicar medidas extremas sin controles fuertes puede generar abusos, detenciones arbitrarias y persecución política, sin atacar las causas reales del problema. La experiencia demuestra que la represión sin inteligencia ni reformas profundas solo produce resultados temporales.
La solución pasa por cambios claros y realistas. Primero, recuperar la especialización en investigación criminal, creando una fuerza profesional, técnica y protegida de la interferencia política. Segundo, ampliar de manera masiva las unidades de flagrancia, donde policías, fiscales y jueces trabajen juntos las 24 horas, permitiendo que delitos comunes se resuelvan en pocos días y no en años. La rapidez en la justicia es clave para romper la sensación de impunidad. Tercero, separar la gestión administrativa y logística de la función policial. No tiene sentido que oficiales entrenados para combatir el delito pasen su tiempo en oficinas manejando presupuestos o almacenes.
La inseguridad en el Perú no es solo un problema de delincuentes, es el reflejo de un Estado mal organizado, sin especialización y debilitado por la corrupción. Mientras no se reformen las instituciones de fondo, cualquier plan será solo un parche. La seguridad ciudadana no se recupera con discursos ni con promesas de mano dura, sino con instituciones eficientes, coordinadas y honestas. Si el país no asume esta reforma ahora, el costo será mucho más alto: más violencia, más miedo y un grave riesgo para la democracia y la convivencia social.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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