Cuando la política se quedó sin ética: Crónica de una promesa rota en el Perú

La ética y la política nacieron como dos dimensiones inseparables de un mismo objetivo: el bienestar común. La ética orienta lo que es correcto en la vida personal, mientras que la política organiza la convivencia social para que esa corrección se traduzca en justicia, derechos y oportunidades. Cuando ambas caminan juntas, las sociedades avanzan; cuando se separan, aparecen la corrupción, el abuso de poder y la desconfianza ciudadana. La historia universal y la experiencia peruana lo confirman con claridad.

En el mundo antiguo, esta unión era evidente. Aristóteles sostenía que no podía existir una buena persona sin un buen ciudadano, porque la virtud individual solo se completa en la vida pública. Sócrates llevó esta idea al extremo al aceptar la muerte antes que traicionar sus principios o desobedecer las leyes de Atenas. Para los griegos, la política no era un espacio para el beneficio personal, sino una extensión de la ética.

Con el Renacimiento, esta visión empezó a resquebrajarse. Maquiavelo introdujo una mirada más cruda del poder, donde el gobernante podía apartarse de la moral para preservar el orden. Aunque su pensamiento fue más complejo que la famosa frase que se le atribuye, quedó instalada la idea peligrosa de que el fin puede justificar los medios. Más adelante, la modernidad intentó recomponer esta ruptura a través del Contrato Social: los ciudadanos aceptan la autoridad y las leyes a cambio de protección, libertad y derechos humanos. La política recuperaba así, al menos en teoría, un fundamento ético.

En el Perú de los últimos cincuenta años, ese contrato se ha quebrado repetidamente. Tras el retorno a la democracia en 1980, la esperanza ciudadana chocó con prácticas de favoritismo y uso patrimonial del Estado. El primer gobierno de Alan García simbolizó esta etapa, con decisiones marcadas por el amiguismo, obras mal gestionadas y una crisis económica que empobreció a millones de peruanos.

En los años noventa, el quiebre fue aún más profundo. Bajo el régimen de Alberto Fujimori, la corrupción dejó de ser una desviación ocasional y se convirtió en un sistema. Los “Vladivideos” mostraron cómo se compraban congresistas, jueces y medios de comunicación con dinero público. La política dejó de ser un debate de ideas para convertirse en una subasta al mejor postor.

El siglo XXI trajo crecimiento económico, pero no una recuperación moral. El caso Odebrecht reveló una red de sobornos que alcanzó a casi todos los expresidentes recientes, consolidando la idea de que la corrupción se había profesionalizado. De allí nació la peligrosa frase “roba pero hace obra”, que normalizó el delito y destruyó la confianza ciudadana en sus autoridades.

Hoy, la crisis se expresa con fuerza en el Congreso. Las grandes ideologías han sido reemplazadas por escándalos cotidianos: congresistas “mochasueldos”, redes de favores, votos negociados y una confrontación permanente que impide gobernar con estabilidad. El resultado es un país con presidentes débiles, instituciones desprestigiadas y ciudadanos cada vez más frustrados.

En este contexto, la responsabilidad ciudadana es clave. Las próximas elecciones no pueden asumirse como un simple trámite ni como un voto de rabia. Elegir implica informarse, evaluar trayectorias, exigir propuestas realistas y rechazar a quienes normalizan la corrupción. La democracia no se degrada solo por malos gobernantes, sino también cuando los ciudadanos renuncian a su deber de elegir con conciencia.

La lección es clara: la política sin ética siempre termina en corrupción o caos. El reto del Perú no es solo elegir líderes capaces, sino ciudadanos íntegros que entiendan que el poder es servicio y no negocio. Solo así será posible reconstruir la confianza y devolverle sentido a la vida pública.

Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.