El Perú no enfrenta únicamente una transición política desordenada; atraviesa una crisis integral que compromete su estabilidad democrática, su desempeño económico y la seguridad cotidiana de millones de ciudadanos. A menos de tres meses de las elecciones generales de abril del 2026, la permanencia del presidente José Jerí ya no es sinónimo de continuidad institucional, sino un factor que profundiza la incertidumbre. El problema no es solo quién gobierna, sino el daño acumulado que provoca un poder debilitado y cuestionado.
Los episodios conocidos como el “Chifagate”, que involucran reuniones encubiertas con empresarios bajo sospecha, marcaron un punto de quiebre. No se trata de simples errores políticos, sino de señales claras de una conducción sin transparencia. El gobierno de transición, que prometió restablecer el orden tras la caída del régimen anterior, terminó reproduciendo prácticas opacas que minan la credibilidad del Estado y deterioran la confianza ciudadana.
Cuando la autoridad moral de un presidente se erosiona, el impacto no se limita al ámbito político. La economía también paga el precio. El Perú corre el riesgo real de perder el ritmo económico logrado con esfuerzo en años recientes. La inversión privada se frena ante la incertidumbre, los proyectos se postergan y el crecimiento se desacelera. Ningún inversionista apuesta por un país donde el poder está bajo sospecha y las reglas parecen inestables. La falta de liderazgo claro se traduce en menos empleo, menor recaudación y mayor presión social.
A ello se suma el incremento sostenido de la criminalidad. La inseguridad ciudadana ya no es una percepción aislada, sino una experiencia diaria. Extorsiones, sicariato y economías ilegales avanzan cuando el Estado muestra debilidad. Un Ejecutivo sin legitimidad y un sistema judicial en crisis (lento, politizado y con escasa confianza pública) crean el escenario perfecto para que el crimen organizado capture espacios de poder y financie campañas políticas sin control efectivo.
En este contexto, la percepción de la ciudadanía sobre la política es devastadora. La gente no ve en sus autoridades soluciones, sino conflictos, escándalos y pactos de conveniencia. El descrédito del Congreso, con niveles de desaprobación extremos, agrava el problema. Sin embargo, el Parlamento aún tiene una responsabilidad histórica: ejercer control político. No censurar ni actuar frente a un Ejecutivo cuestionado no es estabilidad, es complicidad. El silencio legislativo solo refuerza la idea de que la política sirve a intereses propios y no al bien común.
Los riesgos para el proceso electoral son evidentes. Un Estado débil facilita la infiltración de dinero ilegal en las campañas, en un escenario de más de cuarenta partidos y una fragmentación extrema. Sin árbitros firmes ni instituciones confiables, el resultado será un gobierno con escasa legitimidad y un país aún más dividido.
Las respuestas deben ser urgentes y concretas. Se requiere un gabinete de supervisión electoral independiente, transparencia financiera en tiempo real con una UIF activa antes de la votación, y filtros éticos estrictos por parte del JNE. No es momento de retórica, sino de decisiones firmes.
El Perú está agotado de transiciones que solo cambian de protagonistas, pero no de prácticas. Si el Congreso permite que la actual crisis política, económica, judicial y de seguridad se arrastre hasta abril, el 2026 no será el inicio de una nueva etapa, sino la confirmación de un deterioro profundo. La responsabilidad es hoy. Mañana, con una economía debilitada, más crimen y una democracia bajo sospecha, será demasiado tarde para corregir el rumbo.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.