El tono es firme, republicano y pensado para opinión pública o debate político serio.
Responsabilidad individual, convivencia democrática y límites del poder
La política, cuando pierde su sentido democrático, suele convertirse en un campo fértil para odios que duran toda la vida. Odios que no nacen de la discrepancia legítima, sino de la incapacidad de distinguir entre la responsabilidad individual y la condena colectiva. En una república madura, esta distinción no es un detalle, es una regla básica de justicia y de convivencia.
La democracia no se construye desde trincheras permanentes. Se construye ocupando espacios, tendiendo puentes y reconociendo que el pluralismo no es una amenaza, sino su razón de ser. Gobernar, legislar o liderar no significa anular al adversario, sino someter las decisiones al marco de la ley, al control institucional y a la responsabilidad personal.
Desde una perspectiva jurídica, el principio es claro: “el que la debe, la paga”. Nadie está por encima de la ley y nadie debe ser juzgado por pertenencia, cercanía o amistad. La responsabilidad penal, administrativa o política es estrictamente individual. Confundir este principio abre la puerta a dos extremos igualmente peligrosos: la impunidad y la persecución.
En un extremo, la tolerancia al abuso de poder, al encubrimiento o a la corrupción destruye la confianza ciudadana y degrada al Estado. En el otro, el uso de la justicia como arma política, la culpabilidad por asociación y la cancelación del diálogo erosionan la democracia desde dentro. Ambos extremos rompen el tejido social, paralizan las instituciones y generan un clima de inseguridad permanente.
Los amigos, los aliados y las relaciones políticas no están obligados a cargar culpas ajenas. La lealtad democrática no consiste en encubrir, sino en respetar la ley aun cuando resulte incómodo. La verdadera amistad cívica se sostiene cuando cada quien responde por su propia sección, por sus actos y por sus decisiones, sin trasladar responsabilidades ni fabricar enemigos colectivos.
Superar esta lógica de confrontación exige madurez política y fortaleza institucional. Salud democrática implica reglas claras, procesos transparentes y respeto a la presunción de inocencia. Orden significa instituciones que funcionan sin presiones ni vendettas. Seguridad jurídica supone que la ley se aplique con firmeza, pero también con límites y garantías.
La democracia no necesita más odio ni más ruido. Necesita responsabilidad, equilibrio y altura moral. Solo así es posible sanar la vida pública, recuperar la confianza ciudadana y garantizar un país donde el poder tenga límites, la justicia tenga credibilidad y la política vuelva a ser un instrumento de construcción y no de destrucción.salud , orden y seguridad son partes de un todo responsable , Rafael Aita Campodónico.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.