Por Jorge Céliz Kuong
1 de marzo de 2026
El problema del Perú no radica en la escasez de recursos, sino en la deficiente arquitectura institucional que administra esos recursos. Para el 2026, el Presupuesto General de la República supera los 257 mil millones de soles, una cifra históricamente alta. Sin embargo, el volumen de gasto no se traduce en resultados proporcionales. La presión tributaria, elevada en términos regionales, confirma que el Estado dispone de ingresos significativos. La falla no es financiera: es estructural. Se han multiplicado normas, organismos y programas, pero gobernar no consiste en prometer ni inaugurar obras, sino en diseñar reglas estables que reduzcan la discrecionalidad, alineen incentivos y garanticen continuidad institucional.
La inestabilidad política se ha convertido en un rasgo permanente del sistema. El conflicto recurrente entre el Ejecutivo y el Congreso ha erosionado la figura presidencial, mientras la fragmentación partidaria debilita cualquier horizonte estratégico. La “incapacidad moral” pasó de ser una cláusula excepcional a un instrumento de confrontación política. En ese escenario volátil, el aparato productivo (emprendedores, trabajadores, exportadores) opera sin una dirección clara, sosteniendo el crecimiento a pesar de la precariedad del entorno político.
Tras la recesión del 2023, el gobierno de Dina Boluarte logró cierta estabilización macroeconómica. El 2024 mostró señales de recuperación y el 2025 cerró con expansión moderada, impulsada por minería y exportaciones. No obstante, más del 70 % de la fuerza laboral continúa en la informalidad. Esta cifra revela un diagnóstico contundente: el sistema formal es costoso, complejo e impredecible para la mayoría. Cuando cumplir la ley implica mayores costos que evadirla, el diseño institucional desalienta la formalidad y erosiona la base tributaria.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha advertido reiteradamente sobre la baja ejecución de inversión pública en gobiernos regionales y municipales. Miles de millones regresan al tesoro cada año por incapacidad técnica o por trabas burocráticas. El problema no es presupuestal, sino organizacional: exceso de procedimientos, escasa meritocracia y casi inexistente evaluación por desempeño. La asimetría es evidente: el ciudadano enfrenta sanciones inmediatas por incumplimientos menores, mientras que la ineficiencia estatal rara vez genera consecuencias.
A este desorden se suma un componente crítico: la seguridad y la defensa nacional. El avance del crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión urbana evidencia fallas sistémicas en prevención y control. La inseguridad no es solo un fenómeno policial; es el resultado de inteligencia fragmentada, débil interoperabilidad entre fuerzas del orden, fiscalías y Poder Judicial, y limitada aplicación de tecnología en trazabilidad financiera y análisis de datos. En defensa, el patrón se repite: planificación de corto plazo, adquisiciones sin visión integral y rezago tecnológico. Un país con geografía compleja y amenazas híbridas no puede sostener políticas improvisadas.
En este contexto, el mercantilismo prospera y la informalidad se consolida. El caos se vuelve rentable porque la ambigüedad normativa favorece a quienes operan en zonas grises. La ausencia de reglas claras genera espacios de captura y arbitrariedad.
El próximo gobierno necesita un programa estructural mínimo: reforma integral del servicio civil basada en meritocracia estricta; digitalización completa de trámites y contrataciones para reducir discrecionalidad; simplificación regulatoria masiva; fortalecimiento de la regla fiscal con presupuesto por resultados; y una política integral de seguridad que articule inteligencia, tecnología, control territorial y coordinación efectiva entre instituciones.
El Perú no requiere más discursos ni nuevas oficinas. Requiere reglas simples, tecnología aplicada con rigor y consecuencias reales para quien incumpla, sea funcionario o delincuente. Sin rediseño institucional profundo (incluyendo seguridad y defensa) el crecimiento seguirá limitado y la informalidad continuará expandiéndose. La conclusión es inequívoca: sin orden institucional no habrá desarrollo sostenible ni seguridad efectiva. O se reforma integralmente la arquitectura del Estado, o el caos seguirá siendo el negocio más estable del país.
https://www.facebook.com/share/1Dnf9HKebq/?mibextid=wwXIfr
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.