Por Jorge Céliz Kuong
13 de marzo de 2026
El Perú atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia democrática reciente. Formalmente vivimos en un régimen representativo, pero en la práctica operamos dentro de una democracia sin partidos sólidos, donde las organizaciones políticas funcionan como vehículos electorales temporales alrededor de liderazgos personalistas. Tras el colapso del sistema partidario iniciado en los años noventa, el país no ha logrado reconstruir una estructura estable de representación. El resultado es una fragmentación política crónica, baja legitimidad del Congreso y una ciudadanía cada vez más distante de la política.
Este deterioro institucional se refleja con claridad en el actual ciclo electoral. Para las elecciones generales del 12 de abril del 2026 participan más de treinta agrupaciones políticas, muchas sin cuadros técnicos ni programas de gobierno coherentes. En estas condiciones es improbable que surja una mayoría política capaz de gobernar con estabilidad. La debilidad de los partidos abre espacio a liderazgos antisistema que capitalizan el descontento social, fenómeno cada vez más visible en democracias fragmentadas de América Latina. Las encuestas de opinión continúan mostrando niveles muy bajos de confianza ciudadana en el Congreso y en los partidos políticos.
A esta fragilidad interna se suma un entorno regional e internacional cada vez más complejo. En los últimos años, varios países limítrofes y de la región han experimentado cambios políticos que reflejan una competencia entre proyectos de orientación liberal-conservadora y otros de carácter estatista o populista. En el contexto internacional actual, marcado por desaceleración económica, tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de suministro, los gobiernos de orientación económica más abierta han tendido a ofrecer mayor previsibilidad macroeconómica, seguridad jurídica para la inversión y cooperación estratégica con economías desarrolladas. Estas condiciones suelen favorecer la estabilidad financiera, la integración comercial y el acceso a capital internacional.
Por el contrario, algunos gobiernos de izquierda en la región han impulsado agendas económicas con mayor intervención estatal, reformas regulatorias abruptas o tensiones con sectores productivos, lo que en ciertos casos ha generado incertidumbre para la inversión privada y volatilidad en los mercados. Esta divergencia de enfoques no solo tiene implicancias económicas, sino también estratégicas, ya que influye en las alianzas internacionales, en la cooperación en materia de seguridad y en la capacidad de los Estados para integrarse a nuevas redes globales de comercio, energía y tecnología.
Al mismo tiempo, el sistema internacional atraviesa una etapa de competencia geopolítica creciente. América del Sur ha adquirido una nueva relevancia por sus recursos minerales críticos, su potencial energético y su posición en las rutas logísticas del Pacífico. En este contexto, el Perú se ha convertido en un espacio donde convergen intereses estratégicos de grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China. La expansión de la inversión china en infraestructura, minería y logística convive con la histórica presencia estadounidense en cooperación militar, seguridad y lucha contra el narcotráfico.
La reciente actualización de la política de seguridad de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental refuerza su interés en proteger cadenas de suministro estratégicas, combatir el crimen transnacional y limitar la influencia de potencias rivales en infraestructuras críticas. Para el Perú, esto abre oportunidades de cooperación en defensa, inteligencia y seguridad marítima, pero también exige una política exterior equilibrada que preserve la autonomía estratégica del país y evite dependencias excesivas.
Las implicancias de esta convergencia entre fragilidad interna y presión externa son profundas. Un sistema político fragmentado reduce la capacidad del Estado para formular estrategias de largo plazo, proteger sus recursos estratégicos y responder a amenazas híbridas como el narcotráfico, la minería ilegal o la expansión del crimen organizado transnacional. Además, la incertidumbre política erosiona la confianza necesaria para atraer inversiones sostenidas en infraestructura, energía y tecnología.
Frente a este escenario, el fortalecimiento institucional debe convertirse en la prioridad estratégica del próximo gobierno. Es imprescindible impulsar una reforma política que promueva partidos representativos y programas de gobierno consistentes. El retorno al bicameralismo debe aprovecharse para mejorar la calidad legislativa y generar mayor estabilidad institucional. Paralelamente, el país necesita modernizar su sistema de defensa, fortalecer el control de fronteras, proteger infraestructuras críticas y ampliar la cooperación internacional contra redes criminales.
La estabilidad futura del Perú dependerá de recuperar la autoridad del Estado, cerrar brechas territoriales y consolidar una política exterior pragmática orientada al interés nacional. Solo mediante liderazgo estratégico, instituciones sólidas y visión de Estado será posible enfrentar las tensiones geopolíticas del presente y asegurar un desarrollo sostenido para las próximas décadas.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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