Democracia en riesgo: entre la fragmentación electoral

Por Jorge Céliz Kuong
28 de marzo de 2026

La democracia peruana transita hoy un momento crítico, marcado por la tensión entre su arquitectura institucional y una práctica política cada vez más fragmentada. A puertas de las elecciones de abril de 2026, el sistema enfrenta un doble desafío: preservar la estabilidad económica y reconstruir la confianza ciudadana en la representación. Sin embargo, el comportamiento de los actores políticos revela una peligrosa inclinación hacia el cortoplacismo, donde la búsqueda de réditos inmediatos erosiona la disciplina fiscal y debilita los contrapesos diseñados por la Constitución. En este escenario, la reciente reinstauración de la bicameralidad aparece como una apuesta relevante, aunque aún incierta, para reordenar el proceso legislativo y contener impulsos populistas.

El deterioro institucional no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una transición incompleta desde un sistema de partidos hacia uno dominado por liderazgos personalistas. La evidencia es contundente: ocho presidentes en una década reflejan no solo inestabilidad política, sino una crisis de gobernabilidad estructural. Informes recientes del Banco Mundial y del BID advierten que la volatilidad política reduce la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas sostenibles, mientras que organismos como la OCDE subrayan que la debilidad institucional impacta directamente en la productividad y la inversión. En el Perú, esta dinámica se ha traducido en un presidencialismo distorsionado, donde el Ejecutivo pierde capacidad de dirección y el Congreso asume un rol crecientemente disruptivo.

Las implicancias de este proceso son profundas. La presión por satisfacer demandas inmediatas ha llevado a iniciativas legislativas que comprometen el equilibrio presupuestal, poniendo en riesgo uno de los pocos activos consistentes del país: su estabilidad macroeconómica. El Tribunal Constitucional, en este contexto, se convierte en un actor decisivo. Su capacidad para interpretar la Carta Magna con rigor técnico será determinante para evitar que se consolide una deriva fiscal irresponsable. No obstante, la legitimidad de este tipo de arbitraje depende también de la confianza pública, actualmente debilitada por la percepción de politización de las instituciones.

En paralelo, el proceso electoral evidencia una desconexión estratégica preocupante. Mientras el debate público en Lima se concentra en confrontaciones entre figuras tradicionales, el verdadero dinamismo ocurre en regiones donde el voto es más volátil y menos informado. Datos recientes de Ipsos muestran un alto porcentaje de indecisos, lo que abre espacio para el ascenso de candidaturas periféricas que capitalizan el vacío informativo. Este patrón, ya observado en elecciones anteriores, confirma la persistencia de un electorado fragmentado y reactivo, susceptible a narrativas simplificadoras y promesas inviables.

Frente a este panorama, se requieren respuestas claras y sostenidas. Primero, fortalecer los partidos políticos mediante incentivos reales para la institucionalización, como financiamiento condicionado y mayores exigencias de democracia interna. Segundo, blindar la estabilidad fiscal a través de reglas más estrictas y mecanismos automáticos que limiten el gasto populista. Tercero, consolidar la bicameralidad dotando al Senado de capacidades técnicas y autonomía suficientes para ejercer un control efectivo. Finalmente, promover una estrategia comunicacional que cierre la brecha entre Lima y las regiones, priorizando información verificada y debate programático.

La democracia peruana no está condenada, pero sí enfrenta una prueba decisiva. Su supervivencia dependerá de la capacidad de sus instituciones para resistir presiones inmediatas y de sus líderes para actuar con visión de largo plazo. Sin reformas estratégicas y sin una ciudadanía informada, el riesgo no es solo la inestabilidad, sino la normalización de un sistema incapaz de gobernar.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.