Por Jorge Céliz Kuong
30 de marzo de 2026
El Perú atraviesa este 2026 un escenario político fragmentado y altamente volátil, donde la proliferación de candidaturas refleja la debilidad estructural de los partidos y la persistente desconexión entre élites y ciudadanía. En este contexto, el debate sobre eventuales gobiernos de izquierda ha vuelto a ocupar el centro de la discusión pública, marcado por temores históricos asociados al intervencionismo estatal y la inestabilidad macroeconómica. Estos temores se nutren de precedentes como las reformas radicales del gobierno de Juan Velasco Alvarado y los episodios de hiperinflación de finales del siglo XX, cuya memoria colectiva sigue condicionando las expectativas de inversionistas y ciudadanos.
Sin embargo, el análisis contemporáneo requiere ir más allá de la memoria histórica e incorporar tendencias recientes observadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que advierten sobre un entorno global más incierto y con menores márgenes de crecimiento para economías emergentes.
En el plano interno, el gobierno transitorio ha priorizado la estabilidad macroeconómica mediante una combinación de disciplina fiscal, impulso a la inversión pública y medidas de apoyo a empresas. No obstante, varias de estas decisiones han comenzado a comprometer la trayectoria del déficit fiscal, generando presiones que deberán ser gestionadas por la siguiente administración. Entre las más relevantes destacan: la expansión del gasto en inversión pública acelerada, muchas veces con baja capacidad de ejecución eficiente a nivel subnacional; la ampliación de programas de subsidios y transferencias con carácter parcialmente permanente; la extensión de beneficios y alivios tributarios que reducen la base recaudatoria en el corto plazo; y el otorgamiento de garantías estatales y líneas de crédito respaldadas por el Estado, que si bien no siempre impactan de inmediato en el déficit, sí constituyen contingencias fiscales relevantes.
A ello se suma la presión derivada de mayores compromisos en gasto corriente —incluyendo demandas sociales y ajustes en sectores públicos— que tienden a rigidizar el presupuesto. En conjunto, estas medidas configuran un escenario donde el margen fiscal se reduce progresivamente, limitando la capacidad de respuesta ante futuros shocks externos o desaceleraciones más profundas.
Las implicancias de esta dinámica son claras para el próximo gobierno. Si bien la economía mantiene una base de estabilidad, el espacio para políticas expansivas será más acotado, obligando a priorizar eficiencia del gasto y consolidación fiscal gradual. Cualquier intento de revertir este equilibrio mediante incrementos abruptos del gasto o cambios tributarios desordenados podría afectar la confianza de inversionistas y elevar el riesgo país.
Este aspecto resulta crítico para la inversión. Estudios de centros como Brookings Institution y el Peterson Institute for International Economics coinciden en que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son factores determinantes para sostener flujos de capital, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la infraestructura.
Las implicancias externas refuerzan esta necesidad de previsibilidad. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sigue siendo un pilar del modelo exportador, mientras que la creciente presencia de China en proyectos de infraestructura introduce una dimensión geopolítica que exige una política exterior pragmática y equilibrada. Informes del Council on Foreign Relations destacan que la confianza internacional depende, en gran medida, de la consistencia en las reglas de juego.
En este contexto, el margen de acción del próximo gobierno estará definido menos por su orientación ideológica y más por su capacidad de gestión. La continuidad de reglas fiscales, el respeto a la autonomía del banco central y la estabilidad regulatoria serán condiciones necesarias para evitar disrupciones. Al mismo tiempo, será clave avanzar en reformas que mejoren la eficiencia del Estado y reduzcan brechas sociales sin distorsionar los incentivos económicos.
La evidencia comparada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestra que los países que logran combinar disciplina macroeconómica con políticas sociales bien diseñadas tienden a alcanzar mayores niveles de estabilidad y desarrollo sostenido.
En conclusión, el Perú se encuentra en un punto de inflexión donde las decisiones del presente condicionan directamente las posibilidades del futuro. La herencia económica del gobierno transitorio ofrece una base de estabilidad, pero también incorpora rigideces fiscales que no pueden ser ignoradas. El desafío del próximo gobierno será administrar estas presiones con responsabilidad, evitando tanto el deterioro de las cuentas públicas como el freno a la recuperación económica. Solo mediante una estrategia equilibrada, técnica y predecible será posible sostener la confianza y encaminar al país hacia un crecimiento más sólido y sostenible.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.


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