Democracia bajo presión: entre la falla operativa y la crisis de confianza

Por Jorge Céliz Kuong
12 de abril de 2026

El proceso electoral de 2026 expone una tensión crítica entre la capacidad técnica del sistema y una creciente percepción de desorden e incertidumbre. Desde las primeras horas de la jornada, retrasos en la instalación de mesas, ausencia de material electoral en diversos locales y fallas en la identificación de votantes han configurado una escena de improvisación que contrasta con los estándares operativos que deberían regir un proceso de esta magnitud. En Lima, particularmente, el malestar ciudadano se ha hecho evidente, alimentando una narrativa de ineficiencia institucional que erosiona la legitimidad del sistema y que, para un sector importante de la población, parecería no ser casual sino deliberada.

Este contexto no surge en el vacío. La arquitectura electoral peruana, diseñada tras la Constitución de 1993 para separar funciones entre organización, fiscalización y justicia electoral, buscó precisamente evitar la concentración de poder y profesionalizar los procesos. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que la sofisticación técnica no basta cuando la ejecución operativa falla o cuando la confianza pública se encuentra debilitada. Informes de organismos internacionales como IDEA Internacional y observaciones de misiones electorales en América Latina coinciden en que la credibilidad de una elección depende tanto de la integridad del sistema como de la percepción ciudadana sobre su transparencia.

Las incidencias reportadas este año —mesas sin ánforas, padrones cuestionados y demoras logísticas— revelan fallas que no pueden ser consideradas aisladas. En términos estratégicos, constituyen vulnerabilidades sistémicas que afectan la cadena de valor electoral, desde la planificación hasta la ejecución. La responsabilidad recae directamente en la gestión de la autoridad electoral, cuya obligación es garantizar previsión, coordinación y control eficiente de los recursos. La existencia de antecedentes controversiales en procesos previos agrava la percepción de continuidad en las deficiencias y refuerza la sospecha de que la reiteración de errores podría responder a incentivos o decisiones que exceden la mera incompetencia. A ello se suma la comparación inevitable con esquemas anteriores en los que las Fuerzas Armadas eran las encargadas de custodiar el material electoral desde el sábado hasta la entrega de las ánforas, que en ocasiones se retrasaba hasta el lunes o días posteriores debido a las distancias y condiciones climáticas de cada región. Además, organizaban las mesas electorales y garantizaban la seguridad, lo que era especialmente importante en épocas de terrorismo, cuando era común que se colocaran bombas. Aun cuando no era su función formal organizar mesas, pegar letreros o establecer cámaras secretas, lo hacían por virtud y formación disciplinaria, sin presupuesto ni recompensa alguna, contribuyendo a facilitar el cumplimiento de la obligación democrática de la población. Gracias a su labor, las condiciones para la conducción del proceso electoral eran óptimas el día de las elecciones.

Las implicancias de esta situación son profundas. En primer lugar, se debilita la confianza en los resultados, lo que abre espacio a narrativas de fraude, independientemente de su sustento técnico. En segundo lugar, se incrementa el riesgo de conflictividad social, especialmente en contextos donde el margen electoral es estrecho. Finalmente, se erosiona la legitimidad de las autoridades electas, comprometiendo la gobernabilidad futura. En un entorno global donde la desinformación se amplifica rápidamente, estas fallas operativas pueden ser instrumentalizadas políticamente, exacerbando la polarización.

Frente a este escenario, resulta imprescindible adoptar medidas estratégicas inmediatas y estructurales. En el corto plazo, se requiere una auditoría técnica independiente del proceso electoral en curso, con participación de organismos internacionales que validen o corrijan los procedimientos aplicados. Asimismo, es fundamental fortalecer los protocolos logísticos, incorporando sistemas de trazabilidad en tiempo real para el material electoral y mecanismos redundantes que mitigen fallas operativas. En el mediano plazo, se debe revisar el modelo de gestión de la autoridad electoral, priorizando meritocracia, transparencia y rendición de cuentas efectiva, incluyendo la sanción ejemplar a los funcionarios responsables de la administración del proceso electoral.

Adicionalmente, es necesario reforzar la comunicación institucional. La falta de información clara y oportuna amplifica la desconfianza. Estrategias de comunicación basadas en datos verificables, acompañadas por veedurías ciudadanas, pueden contribuir a reconstruir la credibilidad. La articulación con las Fuerzas Armadas debe mantenerse, pero enfocada estrictamente en la seguridad, evitando trasladarles responsabilidades que corresponden a la gestión electoral. A ello se suma la necesidad de asumir la responsabilidad política de la improvisación en el Poder Ejecutivo, cuya influencia en la conducción general del proceso no puede ser ignorada.

En conclusión, el problema actual no es únicamente técnico, sino esencialmente político e institucional. La democracia peruana enfrenta una prueba donde la eficiencia operativa y la confianza ciudadana deben converger. Sin reformas concretas, supervisión independiente y liderazgo responsable, el sistema seguirá expuesto a cuestionamientos recurrentes. La solución no pasa por deslegitimar el proceso, sino por fortalecerlo con medidas realistas que garanticen elecciones confiables, transparentes y plenamente aceptadas por la ciudadanía.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.