La conducción económica del Perú exige hoy una visión integral donde la disciplina fiscal, el respeto al orden jurídico y la correcta asignación de recursos públicos se conviertan en pilares del desarrollo. No se trata únicamente de administrar ingresos y gastos, sino de construir un Estado predecible, eficiente y orientado a resultados.
El primer eje es la gestión responsable de los recursos económicos. El Perú ha mantenido históricamente una reputación de prudencia macroeconómica, pero esta debe reforzarse en un contexto de mayores demandas sociales. La sostenibilidad fiscal implica evitar déficits estructurales, optimizar la recaudación sin asfixiar la inversión privada y priorizar el gasto con enfoque de impacto. Cada sol público debe traducirse en bienestar tangible.
En segundo lugar, el orden jurídico es condición indispensable para el crecimiento. La seguridad jurídica garantiza confianza a inversionistas nacionales e internacionales. Normas claras, estables y previsibles reducen el riesgo país y permiten decisiones de largo plazo. La sobre regulación, la discrecionalidad y la inestabilidad normativa generan exactamente lo contrario, paralizan inversiones y fomentan la informalidad.
El tercer componente es el orden de prelación en las inversiones públicas. No todas las inversiones tienen el mismo impacto. El Perú necesita priorizar infraestructura estratégica: agua, saneamiento, salud, educación y conectividad. La lógica debe ser técnica y no política. Invertir primero donde el retorno social es mayor permite cerrar brechas históricas y potenciar la productividad nacional. La planificación multianual y la evaluación rigurosa de proyectos son herramientas importantes,para evitar la dispersión y el gasto ineficiente.
Un cuarto aspecto crítico es el manejo adecuado del gasto corriente en los ministerios. El crecimiento descontrolado del gasto en planillas, consultorías y funcionamiento administrativo reduce el espacio fiscal para inversión pública. El Estado no puede convertirse en una estructura pesada que se financia a sí misma. Se requiere austeridad inteligente, eliminar duplicidades, digitalizar procesos y medir desempeño institucional.
Estos cuatro elementos confluyen en una función esencial, la fiscalización y el control del crecimiento ordenado. Sin control, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión; y sin inversión, no hay desarrollo. Los organismos de control deben actuar con independencia, pero también con enfoque preventivo, acompañando la gestión y no solo sancionando errores.
En síntesis, el Perú necesita recuperar una lógica básica pero poderosa, orden para crecer y responsabilidad para sostener ese crecimiento. La articulación entre disciplina fiscal, seguridad jurídica, inversión priorizada y gasto eficiente permitirá no solo estabilidad, sino progreso con equidad.
El desafío no es menor. Implica liderazgo político, capacidad técnica y, sobre todo, una convicción ética, administrar recursos públicos no es un acto administrativo, es un compromiso con el futuro del país. Con responsabilidad Rafael Aita Campodónico.
Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000. Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.