Más formalidad, más recaudación, más capacidad para financiar desarrollo; menos clientelismo, menos robo y mejor ciudadanía
Una de las confusiones más dañinas de la cultura política peruana consiste en creer —o aceptar— que una obra pública es un favor de la autoridad. No lo es. Ni una posta médica, ni una carretera, ni un colegio, ni una red de agua, ni un hospital, ni una pista, ni un sistema de drenaje son regalos del alcalde, del gobernador regional o del presidente. Son obligaciones del Estado financiadas con el dinero de los ciudadanos.
Esa afirmación no es ideológica; es contable, fiscal y republicana. El Estado peruano financia sus obras y servicios con recursos que provienen, en gran medida, de la recaudación tributaria y, complementariamente, del endeudamiento público. En 2025, la SUNAT recaudó S/ 175,156 millones de ingresos tributarios netos del Gobierno Central, 10.8% más que en 2024, y reportó una presión tributaria de 14.6%. Para 2026, el Presupuesto del Sector Público asciende a S/ 257,562 millones. Eso significa que detrás de cada obra pública hay una base concreta de contribuyentes, consumo, actividad empresarial y esfuerzo económico nacional.
¿Quién pone ese dinero? Lo ponen las personas y las empresas formales, directa o indirectamente. Lo pone el ciudadano cuando paga IGV, que en Perú mantiene una tasa de 18% sobre las operaciones gravadas y que, como recuerda SUNAT, lo pagamos todos en la compra final de bienes y servicios. Lo ponen también las empresas cuando pagan Impuesto a la Renta empresarial; de hecho, en 2025 la recaudación total por Impuesto a la Renta llegó a S/ 79,012 millones, mientras que la del IGV ascendió a S/ 94,447 millones y la del ISC a S/ 9,936 millones. Es decir: buena parte del país se financia con lo que producen, venden, invierten y consumen personas y empresas formales.
También aportan los empleadores formales a través de cargas laborales como EsSalud, cuyo aporte es de 9% de la remuneración y corre a cargo del empleador. Los trabajadores formales, además, tributan por renta según corresponda. En cambio, es importante ser precisos: los aportes a AFP no son impuestos, sino contribuciones previsionales para la jubilación del trabajador. Confundir tributo con ahorro previsional debilita el debate. Lo correcto es distinguir: el Estado se financia con impuestos; la pensión se financia con aportes previsionales.
Las empresas de todos los sectores participan en este esfuerzo. Las micro y pequeñas empresas formales tributan bajo regímenes específicos; por ejemplo, en el Régimen MYPE Tributario se paga 10% sobre la utilidad hasta 15 UIT y 29.5% sobre el exceso, siempre que los ingresos netos no superen 1,700 UIT. Las empresas del régimen general realizan pagos mensuales a cuenta del Impuesto a la Renta y regularizan anualmente. Los bancos, aseguradoras, comercios, industrias, servicios, agroexportadoras y empresas mineras forman parte de la base formal que hace posible el financiamiento estatal.
En el caso de la minería, además, hay un vínculo especialmente visible entre actividad formal y obra pública territorial. El canon minero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que pagan al Estado las empresas mineras por el aprovechamiento de los recursos minerales. Es decir, una parte importante de los recursos que reciben regiones y municipios para invertir en infraestructura y servicios proviene directamente de la tributación empresarial formal. Cuando la economía formal produce y tributa, el Estado tiene más capacidad de invertir. Cuando la formalidad es débil, esa capacidad se reduce.
Por eso, la formalidad no es solo un tema empresarial o laboral: es un asunto de capacidad nacional. A mayor formalidad, mayor base tributaria. A mayor base tributaria, mayor capacidad para financiar seguridad, salud, educación, infraestructura, agua, saneamiento y mantenimiento urbano. El problema del Perú es que aún carga una informalidad laboral altísima. En 2025, el INEI reportó 17.6 millones de ocupados y una tasa de empleo informal cercana al 70%. Esto significa que una parte demasiado grande del país trabaja, produce y sobrevive fuera de la plena base contributiva y de protección social. Un país con ese nivel de informalidad limita su capacidad para financiar desarrollo de calidad.
Pero aquí viene la parte más dura del diagnóstico: el Perú no solo recauda poco para su tamaño potencial; además, muchas veces gasta mal. No estamos ante un país sin dinero. Estamos, demasiadas veces, ante un país donde el dinero público se ejecuta con ineficiencia, improvisación o corrupción. Ese es el núcleo del problema republicano. Las autoridades a las que les entregamos temporalmente la responsabilidad de administrar nuestros recursos suelen fallar por tres razones: mala gestión, robo o colonización partidaria del aparato público.
Mala gestión, cuando las obras se diseñan mal, se sobrevaloran, se paralizan o se ejecutan sin resolver el problema real. Robo, cuando la contratación pública se convierte en una ruta para desviar fondos, sobrecostear materiales o pagar favores. Colonización partidaria, cuando el municipio, el gobierno regional o alguna oficina del Ejecutivo se vuelve agencia de empleos para allegados, operadores, militantes y recomendados sin mérito. Allí el problema ya no es falta de presupuesto: es degradación del Estado.
Por eso, el ciudadano no debe pedir limosnas. Debe exigir resultados. Exigir obra pública bien diseñada, bien licitada, bien supervisada y bien mantenida. Exigir que la autoridad recuerde que no está gastando su dinero, sino el de la nación. Exigir que una obra no se mida por la foto de inauguración, sino por su impacto en calidad de vida, productividad, seguridad y dignidad. Exigir que el funcionario no se comporte como benefactor, porque no lo es; es administrador temporal de recursos ajenos.
Esa exigencia debe ser más madura y más técnica. No basta con pedir “que hagan obras”. Hay que preguntar: ¿quién financia esta obra? ¿cuánto costó? ¿qué problema resuelve? ¿por qué este expediente técnico y no otro? ¿qué indicadores de impacto tendrá? ¿quién supervisa? ¿quién mantiene? ¿por qué se demoró? ¿por qué costó más? ¿qué empresa ganó? ¿qué experiencia tenía? Allí empieza la ciudadanía adulta.
El Perú necesita una pedagogía republicana mucho más firme. Una en la que el ciudadano recuerde tres verdades simples. Primera: el Estado no produce riqueza por sí mismo; administra la que genera la sociedad. Segunda: las obras públicas se financian con impuestos pagados por personas y empresas formales, y también con deuda que el país terminará pagando. Tercera: ninguna autoridad hace favores cuando ejecuta una obra; simplemente cumple —o debería cumplir— una obligación financiada por todos.
Por eso, más formalidad no significa solo más orden económico. Significa también más capacidad de construir país. Más contribuyentes, más recaudación, más espacio fiscal, mejores servicios y mejor infraestructura. Pero esa ecuación solo funciona si al mismo tiempo construimos un Estado que gaste con honestidad, capacidad y sentido de propósito.
Porque al final, una democracia seria no se mide solo por cuántas obras inaugura.
Se mide por si sus ciudadanos entienden que esas obras no son regalos del poder,
sino derechos financiados por el esfuerzo de todos.
ésar Augusto Novoa Chávez
CEO de NOZA Investment Company SAC Perú y un líder estratégico con más de 25 años impulsando crecimiento, innovación y transformación en entornos altamente competitivos. Su trayectoria integra finanzas, gestión de riesgos, tecnología y dirección comercial, con posiciones clave en Derrama Magisterial, Banco Azteca / Grupo Salinas y Banco del Trabajo. Reconocido por convertir la visión en ejecución, diseña e implementa modelos escalables orientados a valor, rentabilidad y sostenibilidad. Es docente internacional de posgrado y columnista. Economista (Universidad Nacional de Piura) y MBA (ESAN), con especializaciones en Riesgos Financieros (ESAN & Tecnológico de Monterrey), Transformación Digital & Fintech (Copenhagen Business School) y Business Sustainability (University of London).