El Perú atraviesa un momento crítico tras la jornada electoral de abril de 2026, donde las dudas sobre la transparencia del proceso han tensionado la estabilidad política. No se trata únicamente de un problema operativo o logístico, sino de una prueba estructural para la confianza en el sistema democrático. A las denuncias de irregularidades se han sumado cuestionamientos por la presencia de observadores percibidos como políticamente sesgados y por la continuidad de una jefatura en la ONPE cuya credibilidad ha sido seriamente erosionada. Este conjunto de factores no solo intensifica la sospecha pública, sino que instala la percepción de un arbitraje debilitado en un momento donde la neutralidad es indispensable.
El análisis del contexto revela una convergencia de factores preocupantes. Por un lado, la persistente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, alimentada por años de inestabilidad política, corrupción y confrontación entre poderes del Estado. Por otro, la creciente influencia de narrativas polarizadas en redes sociales, que tienden a amplificar incidentes ocurridos durante la jornada electoral. Entre estos, destacan reportes de patrones inusuales en determinados centros de votación, donde se registraron inconsistencias en actas o demoras atípicas que, según diversas versiones, habrían afectado de manera desproporcionada a uno de los candidatos. Aunque estas situaciones requieren verificación técnica rigurosa, su difusión sin esclarecimiento oportuno ha contribuido a un clima de incertidumbre generalizada.
Las implicancias de este escenario son profundas. Un proceso electoral cuya validez es ampliamente cuestionada no solo debilita al eventual gobierno, sino que erosiona la gobernabilidad desde el primer día. La persistencia de autoridades electorales con legitimidad cuestionada agrava esta situación, al dificultar la aceptación de cualquier resultado oficial. Asimismo, la percepción de observación internacional parcializada reduce el valor de los mecanismos externos de validación, debilitando uno de los pilares clave para restablecer la confianza. En este contexto, incluso errores administrativos aislados pueden adquirir una dimensión política mayor, alimentando narrativas de fraude estructural.
Frente a esta realidad, la respuesta debe ser estrictamente institucional y estratégicamente diseñada. El primer paso es agotar de manera rigurosa los mecanismos legales existentes, garantizando que cualquier impugnación o solicitud de nulidad esté respaldada por evidencia técnica verificable. La revisión exhaustiva de actas, tanto físicas como digitales, debe realizarse con total transparencia y trazabilidad, priorizando aquellos distritos donde se han reportado patrones atípicos. Paralelamente, resulta imprescindible promover una auditoría internacional verdaderamente independiente, con expertos sin afiliaciones políticas evidentes, que evalúe los sistemas y procedimientos electorales con criterios técnicos y públicos.
El rol del Ejecutivo debe limitarse a garantizar condiciones de transparencia y orden, evitando cualquier intervención que pueda interpretarse como parcialidad. En esa misma línea, se vuelve necesario evaluar la idoneidad de las autoridades electorales en funciones, entendiendo que la confianza en el árbitro es tan importante como las reglas del juego. La ciudadanía, por su parte, debe ejercer su derecho a la vigilancia y la protesta pacífica dentro del marco constitucional, diferenciando con claridad entre irregularidades verificables y percepciones aún no corroboradas.
En última instancia, la salida de esta crisis dependerá de la capacidad del sistema político y de la sociedad para priorizar la evidencia sobre la sospecha. La legitimidad no se decreta, se construye con transparencia, control cruzado y rendición de cuentas. El Perú aún tiene margen para encauzar esta coyuntura hacia un fortalecimiento institucional, pero ello exige decisiones firmes, incluso incómodas, que restituyan la confianza perdida. Ignorar las señales de alerta o instrumentalizarlas sin pruebas sería igualmente perjudicial; el único camino viable es el rigor, la independencia y la verdad verificable como fundamento del orden democrático.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.