El Perú de hoy está inmerso en el proceso de las elecciones de 2026 en una paradoja que define su presente y su futuro: estabilidad económica sostenida conviviendo con una profunda fragilidad política. En la última década, el país ha tenido una sucesión vertiginosa de presidentes, crisis institucionales recurrentes y una ciudadanía crecientemente desconfiada. El actual proceso electoral, con más de treinta candidatos, sin liderazgos claros y con campañas dominadas por la confrontación, la desinformación y propuestas de alto riesgo institucional, refleja no solo fragmentación, sino agotamiento del sistema político. La reciente escalada de ataques contra la autonomía del Banco Central y cuestionamientos a la continuidad de su presidente, Julio Velarde, han introducido un nuevo foco de incertidumbre en los mercados y en la opinión pública, evidenciando que incluso los pilares más sólidos del país han entrado al terreno de disputa política. A ello se suma una creciente preocupación internacional ante denuncias, tensiones y percepciones de irregularidades en el proceso electoral, lo que empieza a erosionar la imagen del Perú como democracia predecible y confiable en la región.
Este contexto no es circunstancial, sino estructural. La debilidad de los partidos, la precariedad de la representación y la lógica de confrontación permanente han erosionado la capacidad del Estado para generar acuerdos básicos. La política peruana ha dejado de ser un espacio de articulación de intereses para convertirse en un terreno de disputa fragmentada donde prevalecen incentivos de corto plazo y estrategias orientadas a la captura del poder antes que a la gobernabilidad. En paralelo, la inseguridad ciudadana, el avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales como la minería ilícita y el uso intensivo de narrativas polarizantes en redes sociales profundizan la percepción de desorden y agravan la desconexión entre el Estado y la ciudadanía, en un entorno donde la credibilidad del proceso electoral comienza a ser observada con mayor escrutinio por actores externos.
Sin embargo, en contraste con este deterioro institucional, la economía peruana ha mostrado una notable resiliencia. El país mantiene una inflación controlada dentro del rango meta y perspectivas de crecimiento moderadas para 2026, respaldadas por políticas monetarias prudentes y una arquitectura macroeconómica que ha resistido la volatilidad política. Esta estabilidad no es accidental: responde a la continuidad técnica de instituciones como el Banco Central, cuya autonomía ha sido clave para sostener la confianza interna y externa incluso en escenarios de alta incertidumbre. Precisamente por ello, los cuestionamientos recientes no deben leerse como episodios aislados, sino como señales de un conflicto más amplio sobre las reglas económicas del país y como factores que, junto con las dudas electorales, pueden afectar la percepción de riesgo país.
Esta dualidad revela un rasgo central del Perú contemporáneo: la coexistencia de un Estado parcialmente funcional con otro disfuncional. Mientras la tecnocracia económica ha logrado consolidar reglas y credibilidad, el sistema político carece de cohesión, legitimidad y horizonte estratégico. El resultado es un país que crece por inercia institucional en algunos sectores, pero se debilita por descomposición en otros, generando un equilibrio precario que depende más de la resistencia de ciertas instituciones que de la fortaleza del sistema en su conjunto, cada vez más expuesto al juicio internacional.
Las implicancias de este desequilibrio son profundas. La ausencia de acuerdos mínimos impide reformas estructurales, limita la capacidad de enfrentar amenazas como el crimen organizado y reduce el potencial de crecimiento. Además, la incertidumbre política —acentuada por propuestas de cambio constitucional, discursos antisistema, cuestionamientos al proceso electoral y el uso político de la desinformación— erosiona expectativas, desalienta inversión y puede comprometer los logros macroeconómicos alcanzados. La historia reciente demuestra que la estabilidad no es irreversible cuando las reglas son puestas en cuestión y cuando la legitimidad electoral se debilita ante la comunidad internacional.
Frente a este escenario, el desafío no es ideológico sino institucional. El Perú necesita reconstruir condiciones básicas de gobernabilidad mediante tres ejes estratégicos. Primero, fortalecer el sistema político con reglas que incentiven la formación de partidos reales, reduzcan la fragmentación y eleven la calidad de la representación. Segundo, blindar las instituciones clave —como el Banco Central, el sistema judicial y los organismos electorales— frente a presiones políticas, asegurando su autonomía, transparencia y meritocracia. Tercero, garantizar procesos electorales incuestionables mediante estándares técnicos y supervisión efectiva que refuercen la confianza interna y externa, además de impulsar un pacto mínimo de Estado que establezca prioridades nacionales en seguridad, formalización económica y lucha contra la corrupción.
A ello se suma una tarea más compleja pero indispensable: reconstruir el sentido de pertenencia cívica. Sin confianza entre ciudadanos y sin una noción compartida de bien común, ninguna reforma será sostenible. Esto implica no solo liderazgo político, sino también un cambio cultural que valore la cooperación sobre la confrontación y rechace la normalización del conflicto como forma de acción política.
*El Perú no es un país sin nación, pero sí una nación incompleta. Ha demostrado capacidad para construir estabilidad en ámbitos específicos, pero ha fallado en extender esa lógica al conjunto del sistema político. La coyuntura actual —marcada por incertidumbre electoral, polarización, cuestionamientos a las reglas económicas y creciente escrutinio internacional— no es una anomalía, sino la expresión más visible de debilidades acumuladas. La encrucijada no radica en elegir entre modelos, sino en decidir si el país será capaz de construir instituciones legítimas y confiables que funcionen más allá de coyunturas y caudillos. Sin ese salto, la estabilidad seguirá siendo frágil y el progreso, inevitablemente, limitado.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.