El entorno estratégico contemporáneo ha dejado atrás la noción de estabilidad prolongada. Conflictos recientes, el deterioro del orden internacional y el incremento sostenido del gasto militar en diversas regiones evidencian una reconfiguración del poder global. Informes del SIPRI y análisis del IISS coinciden en que los Estados están priorizando capacidades disuasivas ante escenarios de incertidumbre creciente. En este contexto, el Perú enfrenta un doble desafío: preservar su integridad territorial en un vecindario dinámico y cerrar brechas internas de percepción que subestiman la función de la defensa.
El debate público nacional, sin embargo, suele reducir la política de defensa a una falsa dicotomía frente a sectores sociales como salud o educación. Este enfoque ignora un principio básico de la teoría del Estado: la seguridad es condición previa del desarrollo, pero además, el bienestar es recíproco a la seguridad. No son dimensiones excluyentes ni secuenciales, sino interdependientes. Sin control efectivo del territorio ni capacidad de respuesta ante amenazas externas o híbridas, cualquier inversión social se vuelve vulnerable, y sin desarrollo humano sostenido, la seguridad pierde legitimidad y sostenibilidad.
En el caso peruano, la obsolescencia de medios críticos constituye una debilidad estructural que trasciende el ámbito aéreo. La Fuerza Aérea del Perú, al igual que otros componentes de las Fuerzas Armadas, enfrenta limitaciones acumuladas en sistemas, plataformas y capacidades de soporte que afectan la vigilancia, el control y la disuasión. Esta situación no es desconocida: existen Planes de Desarrollo Institucional formulados precisamente para revertir estas brechas. Sin embargo, la brecha entre planificación y ejecución sigue siendo el principal problema estratégico.
La experiencia del conflicto del Cenepa en 1995 dejó una lección operativa clara: sin superioridad aérea, las fuerzas terrestres quedan expuestas y la conducción estratégica se restringe. Hoy, con avances en guerra electrónica, sistemas no tripulados, ciberdefensa y operaciones multidominio, la obsolescencia no solo limita la respuesta militar, sino que compromete la capacidad del Estado para anticipar riesgos complejos. La modernización no puede entenderse como un evento aislado, sino como un proceso continuo de implementación institucional.
Las implicancias de esta inacción son profundas. Regiones estratégicas del sur, ricas en recursos y clave para la economía nacional, dependen de un entorno seguro para sostener inversión y crecimiento. Asimismo, la falta de capacidades modernas debilita la posición del país en escenarios internacionales y reduce su poder disuasivo. La seguridad nacional, en consecuencia, debe asumirse como un eje articulador del desarrollo, no como un gasto residual sujeto a coyunturas políticas.
El marco legal peruano respalda esta visión y asigna responsabilidades claras. La Constitución establece como deber primordial del Estado la defensa de la soberanía, mientras que la normativa en seguridad nacional define su carácter permanente. En este sentido, la implementación efectiva de las capacidades de las Fuerzas Armadas no es opcional, sino una obligación directa de las más altas autoridades del Estado. La conducción política debe garantizar continuidad, financiamiento y supervisión, evitando la parálisis derivada de la desinformación o el cálculo político de corto plazo.
Frente a este panorama, se requieren decisiones concretas. Es indispensable ejecutar los Planes de Desarrollo Institucional con criterios técnicos, transparencia y control riguroso. Asimismo, se debe fortalecer el capital humano especializado y asegurar la sostenibilidad operativa de los sistemas en todos los dominios: terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial. Integrar la defensa en una visión de desarrollo nacional permitirá alinear inversión pública, innovación tecnológica y seguridad estratégica.
La corrupción y la ineficiencia deben ser enfrentadas con instituciones sólidas, no con la inacción. Un Estado que posterga la implementación de su defensa compromete su soberanía y su desarrollo. Prepararse no es una opción ideológica, sino una responsabilidad estructural. En un entorno incierto, la paz se sostiene no en discursos, sino en capacidades reales, planificación coherente y decisiones políticas firmes orientadas al interés nacional.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.