La política peruana llega al cierre de la primera vuelta del proceso electoral del 2026 con una tensión acumulada que ya no admite eufemismos. El problema ya no es únicamente quién gana, sino bajo qué condiciones se acepta esa victoria. La legitimidad electoral, fundamento esencial de toda democracia funcional, atraviesa un proceso de erosión acelerada que amenaza con convertirse en una crisis estructural de confianza. En un país marcado por la fragilidad institucional y la polarización permanente, cada irregularidad percibida deja de ser anecdótica para convertirse en prueba acumulativa de un sistema incapaz de ofrecer garantías plenas. La ciudadanía no observa solo el conteo de votos; observa, con creciente escepticismo, la posible degradación de las reglas que sostienen el orden democrático.
Esta situación resulta aún más grave porque la principal responsabilidad histórica del gobierno de transición consistía precisamente en garantizar elecciones transparentes, confiables y políticamente incuestionables. Ese era su mandato central ante la nación: preservar la estabilidad institucional y asegurar que el proceso electoral devolviera legitimidad al sistema político. Sin embargo, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, el Estado llega a esta etapa final bajo un clima de sospecha, incertidumbre y confrontación. Cuando un gobierno transitorio fracasa en la tarea esencial para la cual fue políticamente legitimado, el daño excede la coyuntura electoral y se proyecta directamente sobre la credibilidad futura de las instituciones republicanas.
Los indicios reportados durante el proceso —omisiones en la distribución oportuna del material electoral, actas observadas por hallazgos irregulares en volúmenes inusuales, demoras persistentes en la transmisión de resultados, inconsistencias estadísticas y opacidad en la trazabilidad digital— exigen respuestas que hasta ahora no han llegado con la claridad ni la contundencia necesarias. La responsabilidad inmediata recae sobre los organismos electorales encargados de administrar y fiscalizar el proceso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, como ente técnico responsable del procesamiento y difusión de resultados, no puede limitarse a administrar – deficientemente – procedimientos mientras la confianza pública se deteriora. Del mismo modo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de actuar no solo como árbitro legal, sino como garante visible de transparencia institucional. El silencio técnico, cuando el país exige certezas, termina siendo interpretado como una forma de pasividad política.
La situación se agrava por la debilidad estructural del sistema político. El Congreso de la República del Perú arrastra una responsabilidad central por haber impulsado reformas parciales, fragmentadas y muchas veces subordinadas a intereses coyunturales antes que a criterios de estabilidad democrática. La proliferación de organizaciones sin cohesión programática, el deterioro de los partidos y la incapacidad para construir consensos mínimos han creado un escenario donde la polarización se convierte en combustible electoral permanente. Las fuerzas políticas tradicionales también son responsables de haber normalizado el discurso de desconfianza selectiva: defienden el sistema cuando ganan y lo desacreditan cuando pierden.
La pasividad institucional no termina allí. El Ministerio Público del Perú y la Contraloría General de la República del Perú han mostrado una capacidad limitada para anticipar, fiscalizar y comunicar acciones preventivas frente a cuestionamientos que afectan directamente la estabilidad del sistema democrático. En paralelo, sectores del Poder Judicial del Perú mantienen una lentitud procesal que debilita cualquier intento de restitución rápida de confianza pública. Cuando las instituciones encargadas de investigar, controlar y sancionar actúan con demora o ambigüedad, la percepción de impunidad institucional se expande inevitablemente.
Las consecuencias de esta combinación de errores, omisiones y cálculos políticos son profundas. Un gobierno que nace bajo sospecha enfrenta limitaciones severas de gobernabilidad desde el primer día. La incertidumbre política deteriora la inversión, incrementa la volatilidad económica y amplifica la fragmentación social. Pero el riesgo mayor es otro: la progresiva normalización de la idea de que el voto ha dejado de ser un instrumento eficaz de representación. Cuando esa percepción se consolida, las democracias ingresan en una zona crítica donde el autoritarismo comienza a presentarse como alternativa funcional al caos.
La respuesta debe ser inmediata y estructural. El país necesita una auditoría electoral integral con participación internacional independiente, acceso irrestricto a bases de datos y verificación pública de la trazabilidad de actas. La Organización de los Estados Americanos y otros organismos especializados deben asumir un rol técnico activo que permita reconstruir credibilidad. Paralelamente, corresponde impulsar reformas profundas que redefinan responsabilidades políticas y administrativas dentro del sistema electoral y fortalezcan los mecanismos de control y rendición de cuentas.
El Perú enfrenta hoy una disyuntiva histórica. Puede corregir el deterioro institucional mediante transparencia radical, sanción efectiva y reformas de fondo, o puede continuar administrando la desconfianza hasta convertirla en norma permanente. La legitimidad democrática no colapsa de manera repentina; se erosiona lentamente cuando las autoridades callan, cuando las instituciones se paralizan y cuando la responsabilidad se diluye entre tecnicismos y cálculos políticos. Y ese proceso, precisamente, es el que el país ya ha comenzado a vivir.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.