Sudamérica atraviesa un punto de inflexión en el que la distancia entre representantes y representados ha dejado de ser una tensión manejable para convertirse en una ruptura funcional. En este 2026, la región combina crecimiento débil, inflación persistente y niveles de informalidad que en varias economías superan el 50%, mientras amplios segmentos de la población permanecen en situación de vulnerabilidad estructural. En este contexto, los parlamentos operan bajo lógicas retributivas que no reflejan la restricción material del ciudadano promedio. El caso peruano sintetiza esta disonancia: con un salario mínimo cercano a USD 335 mensuales y una pobreza monetaria que alcanza al 27,6% de la población, la arquitectura económica del poder legislativo se sitúa en un plano completamente ajeno a la realidad social.
El problema no radica únicamente en la magnitud de las remuneraciones, sino en su diseño. En el Perú, los ingresos parlamentarios rondan los USD 8.200 mensuales, lo que implica una relación de más de veinte veces el salario mínimo. Esta brecha no responde a criterios de productividad ni a estándares comparables del mercado laboral. A diferencia de Europa, donde los parlamentarios perciben entre tres y seis veces el salario medio en economías con baja pobreza relativa y sistemas de bienestar consolidados, en América Latina la retribución política coexiste con estructuras sociales fragmentadas. La incoherencia es evidente: mientras en países europeos la legitimidad del ingreso político se sustenta en niveles altos de provisión pública y cohesión social, en el Perú se superpone a un entorno de precariedad extendida.
Este diseño genera un efecto de encapsulamiento. La combinación de sueldos elevados, beneficios adicionales y mecanismos de ajuste relativamente protegidos frente a la inflación crea una burbuja que aísla al legislador del ciclo económico real. La consecuencia es la pérdida de “empatía operativa”: la incapacidad de traducir las restricciones cotidianas en decisiones legislativas eficaces. A ello se suma un déficit de gobernanza interna caracterizado por opacidad en gastos de representación y debilidades en los sistemas de contratación de asesores, lo que abre espacios para dinámicas clientelares. Así, el parlamento deja de ser un órgano de deliberación estratégica para convertirse, progresivamente, en un espacio de administración de beneficios internos.
Las implicancias de esta distorsión son inmediatas. La confianza en las instituciones se erosiona de manera sostenida, alimentando percepciones de una “clase protegida” desconectada del interés público. Este escenario facilita la irrupción de liderazgos antisistema que capitalizan el descontento y proponen soluciones disruptivas, muchas veces incompatibles con la estabilidad democrática. Al mismo tiempo, la calidad de la política pública se deteriora: decisiones en materia de seguridad, empleo o gasto social se adoptan desde parámetros desvinculados de la experiencia real de la mayoría. En términos estratégicos, esta fragilidad institucional reduce la capacidad del Estado para proyectar estabilidad y credibilidad en un entorno internacional cada vez más competitivo.
Corregir esta trayectoria requiere intervenciones precisas y verificables. En primer lugar, es indispensable reconfigurar la estructura salarial parlamentaria mediante reglas simples y transparentes, vinculadas a indicadores como el salario medio o mediano nacional, estableciendo límites proporcionales —por ejemplo, no superiores a doce veces el salario mínimo—. En segundo lugar, deben eliminarse los gastos de representación no auditables, reemplazándolos por sistemas de reembolso con trazabilidad pública en tiempo real. En tercer lugar, la profesionalización del aparato legislativo exige procesos meritocráticos en la contratación de asesores y evaluaciones periódicas independientes. Finalmente, integrar a los legisladores en los mismos sistemas de salud y pensiones que administran permitiría alinear incentivos y reducir la desconexión estructural.
La tesis es inequívoca: la institucionalización del privilegio destruye la representación. El Perú ilustra esta contradicción con claridad estadística: bajos ingresos laborales, alta pobreza y una élite política con niveles retributivos desproporcionados. La hoja de ruta es concreta: austeridad verificable, simetría de incentivos y transparencia operativa. Sin estos elementos, la brecha entre Estado y sociedad continuará ampliándose hasta vaciar de contenido a la democracia, convirtiéndola en una estructura formal sostenida por privilegios antes que por legitimidad.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.