Por Jorge Céliz Kuong
23 de mayo de 2026
El Perú vive una etapa de profunda desconfianza política. La crisis económica, la inseguridad, la corrupción y el desgaste de las instituciones han creado un ambiente donde muchos ciudadanos sienten que la democracia ya no resuelve los problemas del país. En ese escenario reaparece una idea peligrosa: creer que las Fuerzas Armadas podrían intervenir para impedir que grupos considerados extremistas lleguen al poder. Aunque ese planteamiento nace del miedo y la frustración, la historia demuestra que los golpes de Estado nunca fortalecen la democracia. La debilitan.
En los últimos años, el debate político peruano se ha vuelto cada vez más radical. Las acusaciones de fraude, el “terruqueo” y la descalificación permanente del adversario han convertido la política en una lucha donde el rival ya no es visto como un competidor democrático, sino como una amenaza que debe ser eliminada. Ese clima de confrontación alimenta la polarización y destruye la confianza en las instituciones.
En este contexto aparece el concepto de “democracia militante”. Esta idea nació en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y sostiene que una democracia tiene derecho a defenderse de grupos que buscan destruirla utilizando las propias libertades democráticas. Es decir, un sistema democrático no está obligado a permitir que organizaciones totalitarias utilicen las elecciones para acabar con la democracia desde dentro.
Por esa razón, varios países han creado mecanismos legales para proteger su sistema político. Alemania permite prohibir partidos que atenten contra el orden democrático establecido en su Constitución. Corea del Sur ilegalizó un partido acusado de promover un modelo cercano al régimen de Corea del Norte. En algunos países de Europa del Este también existen restricciones contra organizaciones vinculadas a antiguos regímenes comunistas totalitarios.
Pero existe una diferencia fundamental que muchas veces se olvida en el debate peruano: en esos países la defensa de la democracia se realiza mediante leyes, tribunales y mecanismos constitucionales, no mediante intervenciones militares. Las Fuerzas Armadas no deciden quién puede gobernar. Esa tarea corresponde a las instituciones civiles del Estado.
La Constitución peruana es clara. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes y están subordinadas al poder constitucional. Su función es defender la soberanía y el orden interno, no actuar como árbitro político. Permitir que los militares definan qué gobierno es aceptable abriría una puerta muy peligrosa para el país.
El Perú sí tiene herramientas legales para defender la democracia. La Ley de Organizaciones Políticas permite ilegalizar partidos que promuevan terrorismo o destruyan el sistema democrático. Sin embargo, el país necesita fortalecer esos mecanismos. Se requiere una reforma política que establezca reglas más claras para impedir que organizaciones vinculadas a la violencia, el extremismo o el financiamiento ilegal capturen espacios de poder.
También es necesario fortalecer el sistema judicial, mejorar la calidad de los partidos y recuperar la confianza en las elecciones. Sin instituciones fuertes, cualquier democracia queda vulnerable frente al autoritarismo, venga de la izquierda o de la derecha.
*La solución para el Perú no está en los golpes ni en los caudillos. Está en construir un Estado capaz de defender la democracia dentro de la ley. Una democracia firme, pero respetuosa de la Constitución. Porque cuando un país intenta salvar la libertad destruyendo el orden democrático, normalmente termina perdiendo ambas cosas.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.