En un país donde la desconfianza se ha vuelto norma, la política pública enfrenta su mayor desafío, recuperar credibilidad frente a un Estado que, en muchos niveles, ha sido capturado por funcionarios corruptos o incompetentes. El debate abierto desde la Universidad de Piura sobre economía e institucionalidad en Lambayeque obliga a dar un paso más, no basta con diagnosticar, es imprescindible fijar condiciones exigentes para impedir que la corrupción siga ocupando el aparato público.
El problema no es solo la existencia de malos funcionarios, sino un sistema que permite su permanencia. Redes informales, favores políticos, ausencia de sanción efectiva y una cultura de tolerancia han generado un círculo vicioso donde la mediocridad desplaza al mérito. Así, la política pública pierde su esencia y se convierte en instrumento de intereses particulares.
Frente a ello, la respuesta no puede ser retórica. Debe ser estructural, firme y sostenida en el tiempo. Si el objetivo es reconstruir la confianza, se requieren condiciones mínimas, exigentes e innegociables.
Primero, meritocracia real y verificable.
El acceso a la función pública debe estar blindado por concursos transparentes, evaluaciones técnicas independientes y verificación de trayectoria profesional. No más designaciones discrecionales sin sustento.
Segundo, declaración patrimonial y de intereses en tiempo real.
Todo funcionario debe transparentar su evolución económica antes, durante y después del cargo. Cualquier incremento injustificado debe activar procesos automáticos de investigación.
Tercero, evaluación de desempeño vinculante.
No basta con ocupar un cargo; se debe demostrar resultados. Indicadores claros, medibles y públicos deben determinar la continuidad o salida del funcionario.
Cuarto, sanción rápida y ejemplar.
La impunidad es el mayor incentivo de la corrupción. Procesos administrativos y judiciales deben acortarse, garantizando debido proceso, pero evitando dilaciones que terminan premiando al infractor.
Quinto, incompatibilidades estrictas y puertas giratorias reguladas.
Quien ha tomado decisiones públicas no puede beneficiarse inmediatamente del sector privado vinculado a esas decisiones. La ética debe imponerse sobre el interés económico.
Sexto, control ciudadano y acceso a la información.
La transparencia no es opcional. Plataformas abiertas, auditorías sociales y participación ciudadana deben formar parte del sistema de vigilancia permanente.
Séptimo, formación ética obligatoria y continua.
La capacidad técnica sin valores es insuficiente. La función pública debe incorporar formación en integridad, responsabilidad y servicio al ciudadano.
Estas condiciones no son ideales teóricos; son requisitos mínimos para que la política pública recupere legitimidad. Sin ellas, cualquier intento de desarrollo será superficial y vulnerable.
Lambayeque, como muchas regiones del Perú, no está condenado al fracaso. Tiene capital humano, recursos y oportunidades. Lo que necesita es una ruptura clara con las prácticas que han debilitado al Estado. Esa ruptura empieza por cerrar las puertas a la corrupción y abrirlas al talento, la integridad y la responsabilidad.
La confianza no se decreta: se construye. Y se construye con reglas claras, liderazgo firme y decisiones valientes. El país ya no tolera excusas. La historia juzgará no a quienes diagnosticaron los problemas, sino a quienes tuvieron el coraje de enfrentarlos.con responsabilidad y ética, Rafael Aita Campodónico.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000. Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.