La prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2026 ha consolidado un fenómeno global profundamente alarmante: la progresiva mercantilización de la guerra mediante la captación masiva de combatientes extranjeros. Lo que inicialmente se percibía como una afluencia voluntaria de soldados de fortuna ha mutado hoy en una sofisticada red de explotación laboral transnacional. En este complejo escenario geopolítico, cientos de ciudadanos peruanos se encuentran actualmente atrapados en la primera línea de un frente ajeno, despojados de sus derechos elementales y utilizados de forma perversa como piezas reemplazables en un tablero estratégico que no les pertenece en absoluto.
El concepto doctrinal e internacional de mercenario ha sido astutamente evadido por los aparatos de las potencias en disputa. Mediante la figura de la asimilación legal directa dentro de sus fuerzas regulares o legiones internacionales, ambos bandos eluden con éxito las prohibiciones de la ONU y las restricciones de los Convenios de Ginebra. Esta argucia jurídica camufla una realidad trágica en el Perú, donde redes criminales de trata de personas reclutan a exmilitares y civiles bajo engaños masivos. Con falsas promesas de sueldos extraordinarios para labores logísticas, los reclutas firman contratos incomprensibles, sufren la inmediata confiscación de sus pasaportes y son arrojados a la zona cero sin entrenamiento.
Las implicancias de esta asimetría operativa son demoledoras y trascienden las fronteras europeas. Estimaciones oficiales señalan que más de seiscientos compatriotas ya han sido absorbidos por esta cruenta maquinaria bélica, dejando tras de sí un trágico saldo de decenas de ciudadanos fallecidos, múltiples desaparecidos y numerosas familias sumidas en el desamparo socioeconómico absoluto. Este fenómeno evidencia con crudeza las brechas socioeconómicas que empujan al ciudadano a la desesperación, al tiempo que desata una crisis diplomática silenciosa, donde el Estado peruano enfrenta severas limitaciones institucionales y logísticas para ejecutar operaciones de rescate eficaces o gestionar la repatriación de quienes permanecen cautivos bajo regímenes militares extranjeros opacos y restrictivos.
Este doloroso escenario obliga a una confrontación ética respecto al verdadero sentido del servicio de las armas. La cruda realidad del combatiente movido por la urgencia económica contrasta radicalmente con el legado histórico de nuestro glorioso Ejército del Perú.
Durante los años más oscuros de la ofensiva terrorista que amenó nuestra integridad nacional, los soldados peruanos defendieron la República inspirados exclusivamente por el honor, la mística institucional y un profundo compromiso patriótico. Aquellos combatientes jamás exigieron retribuciones económicas diferenciadas ni bonos extraordinarios por arriesgar la vida; combatieron bajo el sueldo estándar de la institución, impulsados únicamente por el sagrado deber de pacificar la nación entera.
La distancia insalvable entre el sacrificio por la patria y la inmolación por un salario extranjero define la crisis de valores contemporánea. Para frenar de manera definitiva esta dolorosa sangría humana, el Estado peruano requiere diseñar e implementar urgentemente una hoja de ruta estratégica integral.
Es imperativo consolidar un frente institucional que combine la inteligencia policial avanzada para desmantelar las mafias locales de reclutamiento, lanzar campañas preventivas de concientización pública y fortalecer drásticamente la asistencia consular en el exterior. Solo persiguiendo penalmente a estos traficantes de vidas y revalorizando el ethos militar interno de nuestros licenciados, lograremos salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos y preservar intacto el verdadero significado del honor uniformado.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.