El Perú se encuentra ante uno de los momentos más delicados de su actual proceso político. Mientras los organismos electorales concluyen las últimas etapas del escrutinio presidencial, las declaraciones de Roberto Sánchez y de la coalición Juntos por el Perú, cuestionando los resultados preliminares y convocando movilizaciones nacionales, introducen un factor adicional de tensión en un país que arrastra años de inestabilidad institucional. Lo preocupante no es únicamente la controversia electoral, sino la creciente normalización de una práctica que debilita la confianza pública: aceptar la democracia cuando se gana y ponerla en duda cuando se pierde.
Los resultados parciales muestran una ventaja favorable a Keiko Fujimori, mientras las autoridades electorales continúan evaluando actas observadas y recursos pendientes. Al mismo tiempo, misiones internacionales de observación han señalado que el proceso se desarrolló con normalidad y han exhortado a respetar los mecanismos institucionales previstos para resolver cualquier controversia. Sin embargo, sectores políticos han optado por instalar una narrativa de sospecha permanente que traslada la discusión desde la evidencia hacia la percepción emocional de sus simpatizantes.
Esta estrategia cumple una función política evidente. Cuando una organización construye anticipadamente la idea de fraude o manipulación, reduce el costo de una eventual derrota y preserva la cohesión interna de sus seguidores. La responsabilidad por el resultado deja de recaer en errores de campaña, propuestas insuficientes o limitaciones de liderazgo, para ser atribuida a una supuesta conspiración institucional. El problema es que este mecanismo erosiona la legitimidad de entidades como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, pilares fundamentales para la estabilidad democrática.
Más grave aún es la responsabilidad de quienes dirigen estos movimientos. Los líderes políticos no son simples intérpretes del descontento social; sus palabras tienen consecuencias concretas sobre millones de ciudadanos. Cuando se alimenta la idea de que la voluntad popular ha sido secuestrada sin que existan pruebas concluyentes, se fomenta la desconfianza, se profundizan las divisiones y se genera una sensación de incertidumbre que afecta la convivencia nacional. La política responsable exige prudencia, especialmente en escenarios de alta polarización.
En este contexto, tampoco puede ignorarse la preocupación de amplios sectores de la ciudadanía respecto a la presencia o influencia de corrientes radicales dentro del espacio político que respalda a Sánchez. La alianza electoral de Juntos por el Perú ha incorporado sectores vinculados al entorno político de Pedro Castillo y al movimiento antaurista, hecho que ha generado cuestionamientos públicos sobre la orientación futura de un eventual proyecto de gobierno. Aunque toda fuerza política tiene derecho a participar democráticamente, resulta legítimo que la ciudadanía exija claridad respecto de sus alianzas, compromisos institucionales y respeto irrestricto al Estado de derecho.
La historia latinoamericana demuestra que las democracias no suelen deteriorarse de manera abrupta. Primero se cuestionan los resultados electorales, luego se desacredita a las instituciones y, finalmente, se presenta la confrontación permanente como una alternativa legítima. Ese proceso termina debilitando la gobernabilidad, afectando la inversión, fragmentando a la sociedad y reduciendo la capacidad del Estado para resolver los problemas reales de la población.
La respuesta frente a esta coyuntura debe ser firme. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones deben culminar su labor con absoluta transparencia, mientras los actores políticos tienen la obligación de respetar los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, la sociedad civil debe rechazar tanto el extremismo como el negacionismo electoral. La democracia no consiste únicamente en votar; consiste también en aceptar el resultado cuando este no coincide con nuestras expectativas. Esa es la verdadera prueba de madurez política. Y es precisamente esa madurez la que el Perú necesita para proteger sus instituciones, preservar la paz social y evitar que el ruido de la confrontación termine imponiéndose sobre la voluntad soberana de los ciudadanos.
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.