La imagen de una unidad del Ejército Argentino intercambiando una tonelada de membrillos por repuestos para reparar una camioneta recorrió ese país y despertó un fuerte debate. La noticia, difundida por el diario TN, no fue solo una curiosidad administrativa. Reflejó una realidad mucho más preocupante: unas Fuerzas Armadas obligadas a buscar soluciones improvisadas para mantener operativos sus vehículos por falta de recursos. Esa escena resume el deterioro que la defensa nacional viene sufriendo desde hace décadas.
Mientras el mundo aumenta sus inversiones militares por la creciente inestabilidad internacional, Argentina continúa rezagada. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Sudamérica destinó alrededor de 56.300 millones de dólares a defensa en 2025. Brasil invirtió 23.900 millones, cerca del 42 % del total regional, consolidando el liderazgo militar sudamericano. Chile mantiene programas permanentes de modernización y entrenamiento; Colombia conserva un alto nivel operativo gracias a una inversión sostenida, y Perú continúa fortaleciendo sus capacidades con una política gradual de modernización. Argentina, en cambio, sigue ubicándose entre los países que menos invierten en defensa en relación con el tamaño de su economía.
Esta diferencia tiene consecuencias concretas. La defensa de un país ya no depende únicamente de prepararse para una guerra convencional. Hoy también implica controlar más de 9.000 kilómetros de fronteras terrestres, vigilar el Atlántico Sur, proteger los recursos pesqueros, garantizar la presencia en la Antártida, combatir el narcotráfico, enfrentar el crimen organizado y responder a ciberataques. Sin recursos suficientes, las Fuerzas Armadas tienen cada vez más dificultades para cumplir esas misiones esenciales para la seguridad nacional.
La falta de presupuesto también afecta al personal. Durante años, los salarios militares perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. Muchos pilotos, ingenieros, mecánicos y técnicos especializados abandonaron la institución para incorporarse a las fuerzas federales de seguridad o al sector privado, donde obtienen mejores ingresos. Cada profesional que se retira representa años de capacitación financiada por el Estado y una capacidad operativa que resulta muy difícil recuperar.
La situación también limita el entrenamiento. Se reducen las horas de vuelo, disminuyen los ejercicios militares y se posterga el mantenimiento de aviones, buques y vehículos. Incluso las compras de nuevo equipamiento pierden valor cuando no existen fondos para adquirir repuestos, sostener el mantenimiento o entrenar adecuadamente al personal que debe operarlo.
Desde la llegada del presidente Javier Milei, se impulsó un cambio de enfoque en materia de defensa. Su gobierno aprobó la incorporación de nuevos sistemas de armas, entre ellos los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca, fortaleció la relación estratégica con Estados Unidos y expresó la intención de modernizar las Fuerzas Armadas. También ratificó el financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) para apoyar el reequipamiento militar. Sin embargo, esas decisiones conviven con una política de fuerte ajuste del gasto público. Aunque existen avances en la modernización del material, especialistas señalan que los recursos destinados al funcionamiento diario, al entrenamiento y a los salarios continúan siendo insuficientes para recuperar plenamente las capacidades perdidas.
Otro problema es la utilización del patrimonio militar para obtener recursos fiscales. Durante los últimos años, se vendieron inmuebles y terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas con el argumento de financiar su modernización. Sin embargo, gran parte del dinero terminó cubriendo necesidades generales del Estado, mientras las instituciones militares recibieron solo una parte de esos ingresos. El resultado fue la pérdida de activos estratégicos sin resolver el problema de fondo.
La comparación regional resulta inevitable. Brasil desarrolla su propia industria de defensa; Chile mantiene altos niveles de disponibilidad operativa; Colombia conserva fuerzas experimentadas y bien entrenadas, y Perú continúa fortaleciendo gradualmente sus capacidades. Argentina dispone de excelentes profesionales, pero carece de un presupuesto estable que les permita cumplir plenamente su misión. La brecha con sus vecinos continúa ampliándose.
Revertir esta situación exige una política de Estado que trascienda los gobiernos. Es necesario aumentar de manera gradual el presupuesto de defensa hasta un nivel cercano al 1,2 % del PBI, mejorar los salarios para retener al personal especializado, garantizar que el dinero obtenido por la venta de bienes militares vuelva íntegramente a las Fuerzas Armadas y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las adquisiciones.
La defensa nacional no es un gasto innecesario. Es una inversión para proteger la soberanía, los recursos naturales y la seguridad de los argentinos. Sin instituciones militares modernas, entrenadas y bien financiadas, el país pierde capacidad para enfrentar las amenazas del siglo XXI y reduce su peso estratégico en Sudamérica. La verdadera discusión ya no es cuánto cuesta invertir en defensa, sino cuánto puede costarle a la Argentina seguir postergándola.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.