América Latina ha vivido, en los últimos años, procesos electorales marcados por denuncias de irregularidades, cuestionamientos a los organismos electorales y una creciente desconfianza ciudadana. Casos como los ocurridos en Bolivia en 2019, Guatemala en 2023, Venezuela en distintos procesos electorales y México en diversas elecciones locales demuestran que, cuando la transparencia es puesta en duda, la polarización aumenta y la gobernabilidad se debilita. Aunque cada experiencia tiene características propias y distintos niveles de evidencia, todas dejan una misma lección: la democracia no solo debe ser legal, también debe ser creíble. Cuando esa credibilidad desaparece, el voto pierde su capacidad de unir a la sociedad y se convierte en una fuente permanente de conflicto.
El Perú enfrenta hoy un desafío similar. La culminación del proceso electoral de 2026 no ha cerrado el debate político, sino que ha profundizado una crisis de confianza. Mientras el nuevo Congreso bicameral recibe sus credenciales, una parte importante de la ciudadanía continúa cuestionando el desempeño de las instituciones encargadas de administrar las elecciones. La discusión ya no gira únicamente alrededor de quién ganó o perdió, sino sobre si todos los ciudadanos tuvieron las mismas garantías para ejercer su derecho al voto.
Las investigaciones fiscales abiertas contra funcionarios electorales y la renuncia de la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales incrementan la preocupación pública. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar si existieron responsabilidades penales. Sin embargo, si las investigaciones demuestran actos deliberados para alterar, manipular o perjudicar el proceso electoral, las sanciones deben ser ejemplares. Los responsables no solo tendrían que afrontar las penas previstas por la ley, sino también quedar inhabilitados para ejercer funciones públicas. Atentar contra unas elecciones significa atentar contra el derecho fundamental de millones de ciudadanos.
Las denuncias sobre deficiencias logísticas, problemas en la distribución del material electoral, modificaciones de locales de votación para peruanos residentes en el exterior, observaciones a la cadena de custodia y cuestionamientos sobre los sistemas tecnológicos utilizados para el procesamiento de resultados han contribuido a deteriorar aún más la confianza. En democracia, la transparencia debe ser absoluta, porque cualquier duda termina debilitando la legitimidad del resultado, incluso cuando no se haya demostrado un fraude.
Frente a este escenario, los candidatos que consideran haber sido perjudicados tienen el deber de actuar con firmeza, pero también con responsabilidad. Deben utilizar todos los mecanismos legales disponibles para exigir investigaciones, auditorías independientes y el esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, deben evitar llamados a la violencia o acciones que profundicen la confrontación social. Defender la democracia significa respetar el Estado de derecho mientras se exige que las instituciones cumplan plenamente su función.
La solución no puede esperar al siguiente proceso electoral. Es indispensable realizar una auditoría internacional independiente sobre toda la infraestructura tecnológica y logística utilizada en estas elecciones. También resulta urgente modernizar los sistemas informáticos, garantizar auditorías permanentes antes, durante y después de cada elección, fortalecer la fiscalización de los partidos políticos y de la sociedad civil, transparentar todas las contrataciones públicas relacionadas con el proceso electoral y revisar el mecanismo de designación de las máximas autoridades electorales para asegurar su independencia y solvencia profesional.
El Perú no recuperará la confianza mediante discursos ni con el simple paso del tiempo. Solo la verdad, la aplicación de la ley sin privilegios y una reforma profunda de las instituciones electorales permitirán reconstruir la legitimidad democrática. Cuando cada ciudadano tenga la certeza de que su voto será respetado, fiscalizado y protegido con absoluta transparencia, la democracia volverá a cumplir su propósito esencial: que el poder nazca únicamente de la voluntad soberana del pueblo y no de la sospecha permanente sobre quienes administran las elecciones.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.