La crisis que atraviesa Cuba ha dejado de ser un problema exclusivamente nacional para convertirse en uno de los mayores desafíos políticos y humanitarios del Caribe. Después de más de seis décadas de un sistema de partido único, la isla enfrenta una combinación de estancamiento económico, deterioro institucional y una emigración sin precedentes. La escasez de alimentos, los prolongados apagones, la caída de la producción y la pérdida del poder adquisitivo reflejan una realidad que ha puesto a prueba la capacidad del Estado para responder a las demandas de su población.
Las dificultades actuales son el resultado de varios factores que se han acumulado durante años. El embargo estadounidense continúa afectando el acceso a financiamiento y comercio, pero también existen problemas internos que limitan el crecimiento. La fuerte centralización económica, las restricciones a la iniciativa privada, la baja productividad y la lenta implementación de reformas han reducido la capacidad del país para atraer inversiones y generar riqueza. A ello se suma la disminución del apoyo económico que durante décadas recibió de la antigua Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela, lo que dejó al descubierto las debilidades estructurales del modelo.
En este contexto, Estados Unidos seguirá siendo un actor decisivo. Sin embargo, resulta poco probable que la estrategia pase por una intervención militar. Lo más razonable es esperar la continuidad de una política basada en presión diplomática, sanciones económicas y coordinación con sus aliados para incentivar cambios graduales. Washington tiene un interés estratégico evidente: evitar que una crisis prolongada incremente los flujos migratorios, favorezca la expansión del crimen organizado o abra mayores espacios para la influencia de potencias como Rusia o China en una región considerada históricamente sensible para su seguridad.
Más allá de la coyuntura cubana, la principal lección es que ningún país puede sostener su estabilidad únicamente mediante el control político. Cuando las instituciones dejan de generar oportunidades económicas, proteger las libertades y ofrecer respuestas eficaces a los problemas cotidianos, la legitimidad comienza a erosionarse. La historia demuestra que las sociedades demandan resultados concretos antes que discursos ideológicos.
El Perú no es ajeno a estas enseñanzas. Durante los últimos años, ha enfrentado una marcada polarización política, una expansión del crimen organizado, un deterioro de la confianza ciudadana y un crecimiento económico insuficiente para reducir las brechas sociales. Estos problemas han debilitado la relación entre el Estado y la población, creando un terreno fértil para propuestas populistas que prometen soluciones rápidas, pero que, con frecuencia, terminan debilitando las instituciones democráticas.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de cambiar esa trayectoria. La prioridad debe ser recuperar el principio de autoridad dentro del Estado de derecho, fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la corrupción y crear condiciones favorables para la inversión privada y la generación de empleo. La estabilidad política no depende únicamente del crecimiento económico; también exige instituciones transparentes, justicia independiente y políticas públicas capaces de traducir el desarrollo en bienestar para la mayoría de los ciudadanos.
La experiencia internacional demuestra que la democracia se fortalece cuando combina libertad económica, inclusión social e instituciones sólidas. Ninguno de estos elementos puede reemplazar a los otros. El crecimiento sin institucionalidad genera desigualdad; la institucionalidad sin desarrollo pierde legitimidad; y el asistencialismo sin productividad termina siendo financieramente insostenible.
Cuba enfrenta hoy el reto de encontrar un camino que permita modernizar su economía sin profundizar la crisis social. El Perú, por su parte, dispone de condiciones muy distintas y de mayores oportunidades para consolidar un modelo democrático capaz de atraer inversión, generar empleo y fortalecer el Estado. Aprovechar esa ventaja dependerá de la capacidad de sus líderes para construir consensos, ejecutar reformas y ofrecer resultados medibles.
Las crisis también ofrecen oportunidades para corregir errores. La experiencia cubana recuerda que ninguna nación puede prosperar si sacrifica la eficiencia económica, la institucionalidad y las libertades en nombre de un proyecto político. Para el Perú, la mejor respuesta consiste en fortalecer la democracia, garantizar la seguridad, impulsar la inversión y consolidar un Estado que sirva a los ciudadanos. Esa es la hoja de ruta más realista para asegurar estabilidad, crecimiento y cohesión social en un escenario internacional cada vez más incierto.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.