El Perú acaba de cerrar uno de los procesos electorales más tensos de su historia reciente. Una segunda vuelta ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, denuncias de fraude sin sustento probatorio hasta el momento, un escrutinio que se extendió hasta prácticamente el último tramo antes de la proclamación oficial, y un país que llega a este resultado tras casi dos años de inestabilidad presidencial ininterrumpida. Quien asuma el gobierno no hereda solo una agenda económica o legislativa: hereda una crisis de legitimidad que ninguna victoria electoral, por sí sola, resuelve.
Y ahí es donde quiero detenerme, porque llevo tres décadas viendo el mismo error repetirse en instituciones públicas y privadas: se confunde ganar una elección —o cerrar un proceso de cambio, o lanzar una reforma— con haber comunicado exitosamente. Son cosas distintas. La primera se mide en actas. La segunda se construye todos los días, después.
Un electorado que ya no cree en las mismas fuentes
El más reciente informe del Reuters Institute for the Study of Journalism sobre el mercado mediático peruano describe un escenario que cualquier estratega de comunicación de gobierno debería tomar en serio: la confianza en las noticias cayó a su nivel más bajo desde 2022, en medio de una campaña que inundó las plataformas digitales de información controvertida. No es un dato menor para quien va a gobernar: significa que los canales tradicionales de comunicación institucional —la conferencia de prensa, el comunicado oficial, la nota de prensa— llegan a una ciudadanía cada vez más escéptica.
A esto se suma un cambio generacional que ya no es tendencia, es la norma: cerca de 6.7 millones de votantes de 18 a 29 años forman parte de un electorado para el cual las redes sociales son la principal fuente de información. Y dentro de ese universo, figuras como el influencer político «Curwen» —con millones de reproducciones solo por reaccionar a los debates presidenciales— tienen hoy más alcance sobre el voto joven que buena parte de los medios tradicionales. La comunicación de gobierno que no diseñe una estrategia deliberada para este ecosistema no está comunicando: está hablando sola.
La independencia editorial también está en juego
El mismo informe documenta un movimiento que debería preocupar a cualquier gobierno que aspire a comunicar con credibilidad: tras más de sesenta años, una de las cadenas de televisión más reconocidas del país cambió de propietarios, lo que ha generado dudas legítimas sobre independencia editorial en un momento políticamente sensible. Un gobierno que llega con legitimidad ajustada necesita, más que nunca, un ecosistema de medios que la ciudadanía perciba como independiente. Cualquier señal —real o percibida— de que el poder político influye sobre ese ecosistema erosiona exactamente la confianza que se necesita reconstruir.
Lo que esto exige de una estrategia de comunicación de gobierno
Desde mi experiencia asesorando comunicación institucional en el sector público, y diseñando diagnósticos de comunicación organizacional, hay tres principios que aplican directamente a este momento:
1. La coherencia interna antes que el mensaje externo. Ningún vocero puede comunicar confianza hacia afuera si dentro del propio gobierno —entre ministerios, entre el Ejecutivo y su bancada— no hay una sola versión de los hechos. La comunicación de crisis fracasa primero puertas adentro.
2. Presencia genuina en los canales donde ya está la conversación, no solo en los canales donde el gobierno se siente cómodo. Ignorar a los creadores de contenido político y a las audiencias jóvenes no los hace desaparecer; solo garantiza que el relato se construya sin que el gobierno participe en él.
3. Transparencia como estrategia, no como concesión. Con una victoria por márgenes estrechos y denuncias de fraude aún en el ambiente —así carezcan de pruebas—, cada gesto de opacidad se interpreta como confirmación de sospecha. La comunicación de gobierno más efectiva en este contexto es la que sobre informa, no la que administra silencios.
El verdadero mandato
Los votos ya se contaron. Lo que viene ahora —construir gobernabilidad en un país fragmentado, con medios bajo presión y un electorado que confía cada vez menos en las fuentes tradicionales— es un problema de comunicación estratégica antes que de comunicación política. Y esa es, precisamente, la distinción que suele perderse: la comunicación política gana elecciones; la comunicación estratégica construye las instituciones que sostienen lo que viene después.
Ese es el mandato que ningún resultado electoral, por contundente o por ajustado que sea, puede cumplir por sí solo.
Santiago Carpio Valdez
Gerente de Stratcom Estrategia & Comunicación. Doctor en Comunicaciones (Universidad Autónoma de Barcelona), MBA y asesor en comunicación estratégica. Ha sido Director Adjunto de la Dirección General de Comunicaciones del MINSA y Dircom de la Oficina General de Comunicaciones del MINEDU. Es docente de posgrado en CENTRUM Católica, PUCP, Universidad del Pacífico y Universidad Continental.