El sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú no es un mecanismo aislado ni una simple estructura presupuestal. Es el resultado de un régimen construido para responder a la naturaleza especial del servicio militar y policial, marcado por riesgos, restricciones y exigencias que no corresponden a una carrera civil común. Por ello, cualquier discusión sobre el Fondo Militar Policial debe partir de una premisa esencial: el Estado tiene la obligación de garantizar sostenibilidad financiera, transparencia y respeto hacia quienes dedicaron su vida al servicio de la República.
El Fondo Militar Policial no puede ser entendido como una herramienta de alivio fiscal inmediato ni como una variable de ajuste ante dificultades presupuestarias. Es un compromiso previsional que representa la relación de confianza entre el Estado y sus servidores de seguridad. Debilitarlo tendría consecuencias que van más allá de las cuentas públicas: afectaría la credibilidad institucional y la capacidad del país para responder frente a un escenario de amenazas cada vez más complejas.
Las transiciones de gobierno ponen a prueba esa responsabilidad. No se trata únicamente de cambiar autoridades, sino de preservar reglas claras, continuidad institucional y seguridad jurídica. El relevo político de julio de 2026 enfrenta una controversia sensible sobre los fondos previsionales de militares y policías. Lo que está en juego no es una partida más del presupuesto nacional, sino la estabilidad de un sistema que debe responder por décadas de servicio desarrollado en condiciones excepcionales.
El debate no puede reducirse a cifras financieras. Detrás de cada aporte existe una historia de disciplina, sacrificio y renuncia personal. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cumplen jornadas extensas, realizan desplazamientos permanentes, trabajan en zonas alejadas y participan en operaciones donde la vida puede estar en riesgo. Su profesión exige entregar tiempo, salud y tranquilidad familiar y, en muchos casos, asumir la posibilidad del sacrificio máximo.
Esa realidad suele quedar fuera del debate público. La sociedad exige seguridad, orden y resultados, pero pocas veces analiza el costo humano de sostenerlos. Un militar o policía no desarrolla una carrera convencional. Está sujeto a disponibilidad permanente, traslados inesperados, disciplina institucional y misiones que también afectan a sus familias. Detrás de cada uniforme existen esposas, esposos, hijos y padres que acompañan silenciosamente una profesión marcada por la ausencia, la incertidumbre y el riesgo.
Existe, además, una deuda de reconocimiento con quienes hoy se encuentran en situación de retiro. Muchos de ellos pertenecieron a generaciones que enfrentaron uno de los periodos más difíciles de la historia reciente del Perú: la lucha contra el terrorismo. En aquellos años, miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional combatieron una amenaza interna que puso en peligro la democracia, la seguridad ciudadana y la integridad territorial del país. Su participación permitió recuperar territorios donde el Estado había perdido presencia y contribuyó al proceso de pacificación nacional.
Asimismo, varias generaciones de militares participaron en conflictos externos, operaciones de defensa de la soberanía, control de fronteras y emergencias nacionales provocadas por desastres naturales u otras crisis. En cada una de esas circunstancias, estuvieron presentes cuando el país necesitó capacidad de respuesta, disciplina y sacrificio. Ese pasado no puede ser ignorado cuando se toman decisiones que afectan sus derechos previsionales.
Reconocer esa trayectoria no significa negar la necesidad de eficiencia administrativa ni desconocer los desafíos fiscales del Perú. Significa comprender que un Estado responsable no puede exigir sacrificios extraordinarios y luego tratar como una variable de ajuste a quienes asumieron esos sacrificios. La previsión social militar y policial forma parte del contrato institucional de la República.
Esta discusión adquiere mayor importancia porque el país enfrenta nuevas amenazas. La seguridad nacional ya no se limita a los conflictos tradicionales. Hoy, las fuerzas del orden deben enfrentar el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, las economías ilícitas, el tráfico de personas, la violencia urbana y la pérdida de control territorial en determinadas zonas del país.
Estas amenazas requieren instituciones profesionales, preparadas y con una alta moral interna. No existe una estrategia efectiva contra la criminalidad organizada si quienes tienen la responsabilidad de ejecutarla sienten que sus propios derechos pueden ser debilitados por decisiones coyunturales. La seguridad de una nación también depende de la confianza que el Estado transmite a quienes tienen la misión de protegerla.
Por ello, cualquier decisión sobre los fondos previsionales militares y policiales debe ser evaluada con rigor fiscal y sentido estratégico. La sostenibilidad financiera es necesaria, pero no puede construirse sobre la incertidumbre de quienes cumplieron décadas de servicio. Se requieren estudios actuariales independientes, transparencia absoluta, información pública completa y una reforma integral que garantice el equilibrio entre responsabilidad fiscal y justicia previsional.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de transformar esta controversia en una reforma institucional de largo plazo. La solución no está en trasladar costos hacia quienes ya entregaron sus mejores años al país, sino en construir un modelo sostenible que preserve los recursos, fortalezca la administración y asegure el cumplimiento de las obligaciones futuras.
El Perú debe recordar una verdad fundamental: una nación que honra a quienes la defendieron fortalece sus instituciones; una nación que desconoce sus sacrificios debilita la confianza pública. La estabilidad fiscal y la dignidad del servicio no son objetivos opuestos. El Estado moderno debe proteger sus recursos, pero también debe cumplir su palabra con quienes ofrecieron lo más valioso de sí mismos por la defensa de la República.
Honrar a quienes enfrentaron el terrorismo, defendieron las fronteras, respondieron en emergencias y hoy esperan un reconocimiento justo no es un gesto simbólico. Es una condición indispensable para que el Perú mantenga instituciones sólidas, una seguridad nacional efectiva y un Estado que inspire confianza en las generaciones presentes y futuras.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.