Las democracias no suelen desaparecer de manera repentina. Se debilitan cuando quienes ejercen el poder dejan de considerar la ley como un límite y comienzan a tratarla como un instrumento sujeto a la conveniencia política. Ese deterioro es gradual, pero profundamente peligroso, porque erosiona la confianza ciudadana y vacía de contenido al Estado de derecho. Cuando ello ocurre en el Parlamento, la institución llamada a representar la voluntad popular pierde también parte de su autoridad moral.
Los acontecimientos registrados durante la elección de las primeras mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso del Perú para el período 2026-2027 ilustran esa preocupación. En el Senado, la lista encabezada por Miguel Torres Morales obtuvo la presidencia por un estrecho margen de treinta votos frente a veintinueve, reflejando la fragmentación política del nuevo Congreso bicameral. Posteriormente, en la Cámara de Diputados, algunos congresistas exhibieron públicamente sus cédulas de votación para evidenciar disciplina partidaria, pese a que el Reglamento del Congreso establece el carácter secreto del sufragio parlamentario. Más allá del resultado político, ambos episodios suscitaron un debate sobre los límites entre la lealtad partidaria, la libertad de conciencia y el respeto por las reglas institucionales.
La reflexión no es nueva. Aristóteles sostenía que la ley debía orientarse al bien común y a la formación de ciudadanos virtuosos. Cicerón afirmaba que «somos siervos de la ley para poder ser libres», recordando que la libertad solo existe cuando el poder acepta límites. Siglos después, santo Tomás de Aquino sostuvo que una norma pierde legitimidad cuando se aparta de la justicia, mientras Gustav Radbruch, tras los abusos del siglo XX, defendió que el derecho no puede separarse de los valores fundamentales. Desde otra perspectiva, Ronald Dworkin explicó que los derechos constituyen límites frente al poder, incluso cuando este cuenta con respaldo mayoritario.
Esa tradición converge con la definición de Norberto Bobbio, quien describía la democracia como «el gobierno de las reglas». Su fortaleza depende menos de quién obtiene una mayoría que del respeto al procedimiento. Por ello, el secreto del voto no constituye una formalidad, sino una garantía destinada a proteger la libertad de decisión frente a presiones políticas o partidarias. La disciplina interna es compatible con la democracia mientras no sustituya la autonomía del representante ni convierta el voto en un acto de obediencia pública.
El problema, por tanto, no radica únicamente en un episodio específico, sino en el riesgo de normalizar prácticas que debilitan la cultura institucional. Cuando las reglas se interpretan según la conveniencia del momento, la ciudadanía percibe que la ley deja de ser igual para todos. Esa percepción alimenta el descrédito del Congreso, deteriora la seguridad jurídica y reduce la confianza indispensable para la estabilidad democrática y el desarrollo nacional.
Como advertía Alexis de Tocqueville, «el respeto por las leyes es el primero de los deberes patrióticos». Esa obligación resulta aún más exigente para quienes tienen la responsabilidad de elaborarlas. La legitimidad del Congreso no depende únicamente del mandato popular, sino de la coherencia entre las normas que aprueba y la conducta de quienes las aplican. Sin esa coherencia, la autoridad política pierde credibilidad y el Estado de derecho comienza a debilitarse desde su propia base institucional.
El Perú necesita fortalecer una cultura democrática donde la ética pública y la legalidad sean inseparables. Ello exige respetar estrictamente la Constitución, los reglamentos parlamentarios y los procedimientos establecidos; reforzar los mecanismos de control interno; garantizar que el voto conserve las condiciones de libertad previstas por el ordenamiento jurídico; y comprender que ninguna mayoría, bancada o liderazgo puede situarse por encima de la ley.
La lección es clara. Las democracias no se sostienen únicamente por la fuerza de las mayorías, sino por la fortaleza de sus instituciones. Cuando el poder acepta límites, la república se fortalece; cuando los desconoce, comienza su deterioro. Defender la ley no significa proteger un formalismo, sino preservar la libertad, la igualdad y la confianza que hacen posible la convivencia democrática. Solo un Congreso que respete plenamente las reglas que él mismo dicta podrá recuperar la autoridad moral necesaria para representar a la nación y consolidar un Estado de derecho al servicio de todos los peruanos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.